Ciudadanos sin libertades

La criminalidad se refleja en la percepción ciudadana.

Que una nación sea un Estado de derecho, significa que ni gobernantes ni gobernados están por encima de las leyes. Que la Constitución y las leyes reconocen los derechos de los ciudadanos y que el Estado cuenta con las herramientas necesarias para garantizarlos. De esta forma, en un Estado de derecho, los ciudadanos pueden disfrutar del derecho a la libertad para transitar,  trabajar,  estudiar, hacer ejercicio, recrearse o asociarse económica o políticamente. Por lo tanto, cuando se debilita o pierde ese Estado de derecho, las libertades de los ciudadanos se ven limitadas o de plano no se pueden ejercer.

Eso es lo que sucede en varios municipios y territorios de la República mexicana. La evidencia es trasparente. Carreteras, caminos rurales y calles urbanas intransitables de día o de noche; extorsión y cobro de piso a maestros, doctores, enfermeras, trabajadores domésticos, comerciantes, plomeros, herreros, carpinteros, pequeños empresarios, etcétera; deserción escolar por la pobreza o la violencia; abandono de los espacios de reunión colectiva por la inseguridad (parques, zócalos,  iglesias, espacios deportivos, etcétera); falta de confianza para participar en las actividades económicas, sociales o políticas de la comunidad, ya sea por la represión criminal o de los propios gobernantes, por colusión u omisión.

El control criminal ha impactado hasta en los precios de los productos básicos de la canasta básica de alimentación familiar, porque se controla a los mercados, los tianguis, los rastros, el flujo comercial y hasta los servicios de transporte. Los criminales deciden donde se compra la gasolina, donde le dan servicio a los vehículos, quien conduce y las rutas transitables. Además, conocen de la información bancaria y hasta el monto del que disponen cada empresa, asociación o persona que se convierte en su objetivo.

Obviamente, aunque sólo cuatro de cada 10 delitos son denunciados, toda la actividad criminal se refleja en los datos de percepción ciudadana que levanta el Inegi cada trimestre. En ese contexto, ningún gobernante debería sentirse sorprendido por lo que los ciudadanos expresan, porque, quizás, por el temor, no denuncian los delitos de los que son víctimas, pero no los pueden obligar a simular que se sienten seguros. Tal es el caso de las dos ciudades de Zacatecas que encabezan la percepción de inseguridad (con 92%) de las 75 ciudades que se miden.

Si bien es cierto, el promedio de junio del 2023 fue menor al de 2022 y mucho menor al de Fresnillo y Zacatecas, sigue siendo muy alto el porcentaje de personas que se sienten inseguras: 62.3% (contra 67.4% de junio de 2022). Además, el menor porcentaje en la percepción no quiere decir menor incidencia delictiva a nivel global de la República, por el contrario, con base en los datos de junio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto al año anterior, ésta creció 4.1% (de 197 mil 598 denuncias a 195 mil 359).

Si bien es cierto que algunos delitos de alto impacto tuvieron una ligera disminución, por ejemplo, los homicidios dolosos, de 2 mil 225 a 2 mil 176 (2022 y 2023 respectivamente),  las denuncias de desapariciones forzadas crecieron. Incluso, algunos analistas han señalado que las personas que aparecen muertas (que suman un gran total de 12 mil 931) no son contabilizadas en las estadísticas mensuales. Por otra parte, se corresponde la diferencia de percepción de inseguridad entre mujeres (68.6%) y hombres (54.8%) del informe del Inegi, con el incremento de delitos en contra de ellas, por ejemplo, de mayo a junio de este año, los feminicidios pasaron de 60 a 80 (aun cuando, si lo comparamos con 2022, era de 92 contra 80).

¿Hay solución para restablecer el Estado de derecho? La experiencia internacional y mexicana nos dice que sí hay modelos exitosos para hacerlo, pero se requiere voluntad política. Por supuesto que es inútil pensar en el éxito si el origen del poder político se corrompió. Tal es el caso de gobernantes que logran arribar al poder mediante pactos criminales o que han sido sometidos.

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