Los hospitales psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez y Dr. Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud, siempre han mantenido su operatividad con pocos recursos frente a una demanda creciente de pacientes con trastornos mentales. Panorama que no ha cambiado en los últimos 20 años. Sus anteriores directores lo han exclamado, en voz baja: “Cada año nos toca menos presupuesto de la Federación. Somos los patitos feos frente a todos los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialización que reciben más recursos”.
Y tienen razón. Datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) señalan que, en este 2026, el presupuesto para salud mental tendría un recorte de 90.9 mdp, equivalente a 2.5% menos que en 2025. La reducción respecto a 2025 se agudiza si se compara con el monto ejercido en 2024, cuando el gasto total fue 560.8 mdp superior; es decir, los recursos para atender la salud mental en la SSA serían 13.8% menores a los ejercidos en 2024. Más allá de estas cifras, la realidad en la atención médica es palpada por los pacientes, familiares de éstos y por el propio personal que labora en estos hospitales, que tampoco han tenido mantenimiento en sus instalaciones desde hace muchos años.
Por eso no son de extrañarse las protestas de trabajadores de salud de estos dos hospitales federales, reconocidos internacionalmente como centros de alta especialización para la atención de la salud mental de adultos, adolescentes y niños, quienes han salido a la calle a protestar porque les fue suspendido el servicio de alimentos para pacientes y personal, además de denunciar la falta de mantenimiento e insumos.
La SSA, a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), no reconoce este problema, pero admite en un comunicado que ya se emitió el fallo correspondiente a la licitación pública para la contratación del servicio de alimentos que permitirá garantizar la continuidad en el suministro de dietas para pacientes y personal de ambas unidades. De nueva cuenta, el hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, ubicado en avenida San Fernando, está en el centro del huracán. Su gran terreno, de 46 mil 680 metros cuadrados, lo hace atractivo al interior de la SSA para la construcción de albergues o torres de especialidades. En 2008, padres de familia y trabajadores tuvieron que salir a protestar porque la administración federal en turno quería reubicar el hospital infantil y construir en ese lugar la ampliación del Instituto Nacional de Cancerología. No lo lograron. Hacen bien David Kershenobich, secretario de Salud, y Carlos Hinojosa, comisionado de los INS y Hospitales de Alta Especialidad, en ir a platicar con el personal de salud, con los pacientes y familiares para saber qué necesitan. Pero que no se quede sólo en escuchar, sino que realmente haya un cambio.
ABATELENGUAS
Sin contratos permanentes y monitoreados todo el día a través de la geolocalización que dan sus celulares, trabajan médicos que laboran en el programa Salud Casa por Casa, que fue lanzado por el gobierno federal hace un año y que es operado por la Secretaría del Bienestar, y no por Salud. Y mientras que en el sistema nacional de salud trabajan por unificar los servicios, este programa, surgido para dar atención médica preventiva a la población de adultos mayores, va en sentido contrario, pues la atención que brinda es inequitativa y desigual entre las alcaldías de la Ciudad de México y los estados.
BAJO EL MICROSCOPIO
El anuncio que el gobierno federal hizo con bombo y platillos acerca de que México produciría la vacuna contra covid-19 usando tecnología de ARN mensajero quedó reducido a sólo el empaquetamiento y etiquetado de este producto en nuestro país. ¿Y la producción de la vacuna y la transferencia de tecnología acordada por autoridades de salud, Birmex y la farmacéutica Pfizer para la temporada invernal 2027-2028? A decir del presidente y director general de Pfizer, Juan Luis Morell, a un medio informativo, todavía se encuentran afinando detalles del memorándum de entendimiento con la SSA, donde se incluiría la producción. Este acuerdo, hasta el momento, sólo queda en palabras.