Seguridad nacional, viaje sencillo a Estados Unidos

La política de seguridad mexicana vive un momento crucial en 2025, influida por la presión del presidente Donald Trump, quien asumió su segundo mandato en enero tras su victoria electoral en noviembre de 2024. Su retorno ha intensificado las demandas a México para combatir el crimen organizado transnacional, especialmente el tráfico de fentanilo. En respuesta, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una medida excepcional: la puesta a disposición de 26 líderes cartelarios a Estados Unidos en agosto de 2025, no bajo el marco de extradición tradicional, sino mediante la Ley de Seguridad Nacional (LSN), un hito jurídico y político de gran relevancia.

La extradición ordinaria, regulada por el Tratado de 1978 entre México y Estados Unidos y la Ley de Extradición Internacional, implica un proceso judicial riguroso: solicitud formal, doble incriminación, pruebas suficientes y el principio de especialidad. Además, permite juicios de amparo, protegidos por el artículo 103 constitucional y la Ley de Amparo, que garantizan el debido proceso. Sin embargo, los traslados de 2025 —29 en febrero y 26 en agosto— se basan en la LSN de 2005, que define en su artículo 3, fracción II, como amenaza a la seguridad nacional los actos de delincuencia organizada que comprometan la estabilidad, seguridad o instituciones democráticas. El artículo 5, fracciones VII, VIII y XII, incluye la obstaculización de operaciones contra el crimen, actos contra la seguridad interior y riesgos transnacionales.

El Ejecutivo federal, vía el Consejo de Seguridad Nacional, determinó que estos individuos, aun encarcelados, mantenían redes criminales activas, ordenando homicidios y controlando economías ilícitas. Esta amenaza justificó superar los amparos, priorizando el interés nacional. La Suprema Corte ha respaldado, en tesis como la 1a. CCXCVIII/2015, que el amparo no es absoluto en casos de seguridad nacional si se demuestra proporcionalidad, conforme al artículo 1 constitucional.

Esta interpretación alinea a México con la Convención de Palermo (2003). Aunque críticos ven una concesión a Washington, que presiona con tarifas y designaciones terroristas, la medida responde también a necesidades internas: combatir la corrupción penitenciaria, prevenir fugas y desmantelar cadenas criminales. Así, México reduce riesgos mientras Estados Unidos asume el juicio y reclusión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido clave en esta estrategia. Con experiencia en la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, donde redujo homicidios un 50% (2019-2023), lidera la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030. Desde octubre de 2024 logró un 25% menos homicidios, 23,417 detenciones, decomisos de 12,045 armas, 2,169,948 cartuchos, 170 toneladas de droga y 1,076 laboratorios destruidos, impactando al crimen en 42 mil millones de pesos. Operativos como el de 698 kilos de cocaína en San Luis Río Colorado (mayo 2025) y la Estrategia Antiextorsión, que evitó 10,538 casos, reflejan su enfoque en inteligencia. En Quintana Roo, homicidios cayeron 61%, con 3,258 detenciones.

Sheinbaum rechaza la injerencia militar extranjera, pero promueve la cooperación sin ceder soberanía. Los traslados bajo la LSN lo demuestran, consolidando la seguridad como la agenda más efectiva, con 69% de aprobación para García Harfuch. El control de aduanas, puertos e inteligencia reconfigura la lucha contra el crimen. Este “viaje de sencillo” a Estados Unidos no es claudicación, sino un acto de firmeza y legalidad, liderado magistralmente por García Harfuch, fortaleciendo el Estado de derecho.