Reforma al Poder Judicial

El Parlamento abierto es un foro imprescindible, donde las y los juristas tendremos la posibilidad de realizar un amplio debate para aportar lo necesario y, con ello, poder justificar, desde lo técnico y lo político, la imperiosa necesidad de transformar al Poder Judicial.

También las y los propios miembros del Poder Judicial, empezando por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las y los magistrados, jueces y juezas de todas las materias; así como catedráticos, investigadores, alumnado y, en general, toda la comunidad jurídica del país, debe participar activamente. Al ser una condición que implica a profesionales en la materia, es imprescindible su opinión, sin dejar afuera al resto de la sociedad que, sin ser peritos en la materia, sus opiniones resultarán interesantes para ahondar la reforma que, en términos generales, se puede explicar muy fácilmente en los siguientes puntos:

a. Elección popular de las y los ministros, magistrados y jueces.

b. Tribunal Disciplinario y Órgano Administrativo Judicial, que serán paralelos al propio Poder Judicial con facultades para investigar conductas ilegales de sus miembros, en sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal.

c. Instauración de procesos de justicia alternativa, donde los mecanismos de solución de controversias sirvan para evitar la pena privativa de la libertad, y priorizar los convenios y la justicia restaurativa. Justicia cívica y consuetudinaria.

d. Evaluación y supervisión ética de profesionistas, enfocado principalmente para colegiar a las y los abogados en un esquema de validación de conocimientos, donde se enaltezca la ética profesional como premisa para evitar que la impartición de justicia sea manejada por la vía mercantilista, por encima de los valores y la auténtica justicia.

Hay diversos países, como el caso de Japón, que la condición donde democráticamente se eligen a las y los funcionarios judiciales se viene ejerciendo en aquel país desde hace décadas, otorgando a la ciudadanía certeza jurídica en la aplicación de la justicia y la eliminación de la impunidad, por ende, la inhibición casi absoluta de la corrupción.

La reforma judicial no pretende afectar los derechos laborales generales de los actuales trabajadores. Los mismos juzgadores podrán participar en el escrutinio para competir por sus cargos, es indudable que su vasta experiencia de décadas será un pasaporte para mantener legítimamente su cargo. Sin embargo, la historia política de nuestro país obliga a una refundación de la concepción operativa de la justicia, donde no se menoscaben los derechos propios y ajenos, y donde se asegure como primordial y única prioridad que la justicia sea imparcial, transparente y con perspectiva humanista, siempre apegada a nuestra Constitución y haciéndola cada vez más de acceso universal. Que lo que se disponga en la norma y se determine en una sentencia sea justicia plena sin intervención política, económica o social. Por el bien del Poder Judicial, que la reforma sea un ejemplo mundial de transformación.