Ovidio Guzmán y la corrupción endémica de la oposición

En el ámbito del derecho penal internacional y las estrategias de seguridad binacional, el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán en un tribunal federal de Chicago, 11/julio/2025, ilustra los mecanismos negociadores de la justicia de EU para imputados por narcotráfico. Estos “acuerdos de declaración de culpabilidad”, regulados por la Regla 11 de las Normas Federales de Procedimiento Penal, no son actos de clemencia, sino decisiones pragmáticas: el acusado admite su culpa a cambio de beneficios procesales.  Los fundamentos legales incluyen la Sección 5K1.1 de las Directrices de Sentencia de EU, que permite reducciones por “ayuda sustancial” en investigaciones. Así, Guzmán podría evitar cadena perpetua, optando por 20-30 años o menos, más confiscación de bienes millonarios. Los incentivos abarcan el Programa de Protección de Testigos (WITSEC). Este intercambio —información por seguridad— prioriza la inteligencia estratégica sobre el castigo absoluto.

En México, la preocupación no recae en el pueblo ni en el gobierno de la Cuarta Transformación, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con aprobación superior al 81% y legitimidad indiscutible basada en autoridad política y moral. En cambio, afecta a los vestigios corruptos de la oposición, representados por PRI y PAN, partidos que durante décadas saquearon recursos públicos mediante alianzas ocultas con el narcotráfico, perpetuando violencia y desigualdad. Estos actores, maestros de la hipocresía, claman “traición” por el caso Guzmán, pero son responsables históricos de ceder el país al crimen organizado. Su retórica oculta un rechazo popular por su lujo ilícito y complicidad con medios desleales.

Los argumentos del abogado de Guzmán —posibles vínculos con políticos— son tácticas defensivas para generar dudas, sin valor probatorio irrefutable. La oposición los explota en su agenda política menguante ante su irrelevancia.

Casos concretos en cortes estadunidenses evidencian nexos: Genaro García Luna, secretario de Seguridad con Felipe Calderón (PAN), condenado a 38 años en 2023 por sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (PRI), sentenciado en Texas por lavado y alianzas con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Edgar Veytia, fiscal de Nayarit con Roberto Sandoval (PRI), cumple 20 años desde 2019 por tráfico y sobornos de los Beltrán Leyva y el CJNG, facilitando operaciones y torturas. Sandoval enfrenta cargos similares por corrupción y nexos con el CJNG. Otros: Humberto Moreira (PRI) lavaba para Los Zetas; Mario Villanueva (PRI), ligado al Cártel de Juárez.

Históricamente, desde hace medio siglo, el PRI tejió redes con el narco: Operación Cóndor (1975) como pretexto para extorsiones; Enrique Álvarez del Castillo (PRI) ocultaba capos en los 80. Bajo el PAN, Vicente Fox permitió su expansión; Calderón intensificó la violencia con García Luna vendiendo protecciones. Además, cárteles inmobiliarios prianistas despojaron tierras públicas para desarrollos de lujo, inflando fortunas inexplicables de familias como los Mouriño (PAN), entre otros, forma parte de esta red en la CDMX, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, donde el “cártel inmobiliario” involucra a funcionarios del PAN en permisos irregulares para construcciones ilegales, como el desvío de 250 millones en reconstrucciones postsismo 2017. Federico Döring, diputado del PAN y coordinador de su bancada en el Congreso local, reemplazó a Christian Von Roehrich —acusado de abuso de autoridad y asociación delictuosa— y ha defendido públicamente a implicados, alegando persecución política por el gobierno de Sheinbaum, pese a evidencias de corrupción sistemática que incluyen sobornos a directores de obras como Nicias Aridjis y Luis Vizcaíno, ligados a propiedades en edificios irregulares. Esta red se extiende a aliados exalcaldes de Benito Juárez y candidatos del PAN, perseguidos por las mismas acusaciones de corrupción inmobiliaria. Miembros procesados en ambos países, como García Luna, confirman estos delitos.

Medios de comunicación difamadores, con fortunas sospechosas —lavado de dinero y sobornos del PRI-PAN—, merecen escrutinio. Mientras Guzmán negocia, la oposición tiembla ante su exposición narcocorrupta. México progresa con la Cuarta Transformación, pese a traidores históricos.