Órganos constitucionales autónomos, ¿independientes?

La perversión politizada de los espacios de los órganos autónomos a manera de cuota partidista es una práctica que sucede en todos los espacios donde los productos legales que se emiten tienen trascendencia en el ejercicio del poder.

Nuestro país vivió por décadas el silencio de la rendición de cuentas y la información pública, la reforma constitucional en 2014 para la creación del IFAI, ahora INAI, fue una presión internacional y local para entrar a la dinámica de la democratización de la materia. Sin embargo, como ha sucedido con otros entes públicos de anterior creación, el reparto en la negociación política los permeó.

Sin duda, no existía la legislación para hacer valer el derecho de acceso a la información; base de investigaciones penales, académicas y de ciudadanos, entre otras, propias del escándalo mediático y la extorsión, pero también de casos de vergüenza internacional. Como el de la Casa Blanca, los Duartes y la Estafa Maestra.

Con el tiempo, las oficinas estatales y nacional de transparencia han funcionado conforme a la ley, pero hoy se analiza si realmente se encuentran ejerciendo la autonomía constitucional o son parte del engranaje burocrático que abona al golpeteo político, además de lo oneroso de sus estructuras.

El derecho a la información pública debe ser intocado, pero también se debe profundizar si estos organismos, entre otros, sirven estrictamente para la atención ciudadana o para cubrir espacios de control de derechos constitucionales a modo, en un una balanza inexacta del ejercicio del poder.

Los procesos de transparencia deberían tener un vínculo intrínseco con la percepción de la corrupción, y aunque han sido fuente de indagatorias de diversa índole, hoy deben ser transformadas en algo más eficiente y al alcance expedito de la población.

La atracción de inversiones extranjeras y nacionales está íntimamente ligada a cuatro conceptos en México: seguridad pública, corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Estos mecanismos deben estar plenamente legitimados y fortalecidos, dejar a un lado el doble discurso y la simulación.

El caso de otras instituciones arraigadas en la pesada estructura burocrática también tiene que repensarse, qué tanto han aportado para acabar con fenómenos sociales indeseables, qué tan independientes son sus órganos ciudadanos que los avalan, qué tanto arraigo popular y de crédito tienen entre la población. ¿Son confiables?

El término de autonomía es muy amplio y diverso según se aplique, el caso de las universidades públicas debe ser intocado en cuanto a los planes y programas de estudio, el autogobierno y sus decisiones administrativas internas, pero la fiscalización de sus presupuestos debe proponerse desde su seno, en un acto de retrospección y nobleza de sus honorables funciones en favor de la patria.