Orden Institucional, factor contra la corrupción

Este año, México adquirió 6 puntos de mejoría, las diversas modificaciones constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se perciben tangiblemente a nivel nacional e internacional, además de decisiones que han legitimado la congruencia en sus acciones de gobierno. Se detuvo la caída libre que mantuvo el país por lo menos durante los últimos tres fatídicos sexenios pasados.

Como un legado académico, en la Facultad de Derecho de la UNAM se cumplen 3 años del primer diplomado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional, diseño e impartición que tuve el honor de fundar y que aún permanece, siendo la guía base para otras instituciones educativas públicas y privadas de todo el país.

Precisamente, esta serie de medidas interdisciplinarias es parte de lo que el Orden Institucional realiza para México, es la integración en armonía de las instituciones formales, como lo es el derecho positivo (Constitución, leyes, códigos, reglamentos) y las informales, como los códigos sociales, de conducta, cultura ética y civismo.

El cumplimiento irrestricto de las normas, donde se establecen las diversas facultades y atribuciones de las organizaciones públicas, debe acatarse con el sigilo y pulcritud de un relojero, porque la inaplicabilidad, además de generar responsabilidades administrativas y penales, desgasta la investidura pública de las instituciones, las hace endebles y, por ende, frágiles en la percepción social. No deben ser decisiones personales, sino apegadas a la técnica, la lógica y, principalmente, al Estado de derecho. Una mala aplicación de los actos de gobierno tiene efecto búmeran legal y políticamente hablando.

Las instituciones débiles son proclives a la corrupción, por ende, los funcionarios altamente vulnerables a la impunidad activa.

El Orden Institucional también es licitud y suma a grandes rasgos: la protección de la nación, la soberanía, la Constitución, los integrantes de la Federación como un solo país, la legítima defensa del Estado, la defensa de la vida, la salud, la democracia, el bienestar, la justicia, la educación.

La legitimidad del orden social debe prevalecer de manera permanente y armónica en todo el país, con equilibrios, en paz, bienestar y desarrollo humano.

El Estado mexicano debe convertirse en el ejemplo institucional donde sus acciones permeen en todos los ámbitos de la vida nacional, y que las diversas carteras públicas tengan el reconocimiento social de los gobernados, no en discurso, sino como lo tiene el Presidente de la República, quien todos los días crece en la aceptación nacional a pesar de la batalla contra los que se resisten a la transformación pública como cambio profundo del orden anterior.