“No hay camino para la paz; la paz es el camino”, afirmaba Mahatma Gandhi, recordando que la estabilidad internacional descansa más en la legitimidad moral que en la fuerza militar. Bajo esa premisa, la relación entre México e Irán ofrece episodios históricos de notable interés diplomático: el establecimiento temprano de vínculos consulares en el siglo XX, la cooperación energética durante la década de los setenta entre dos países petroleros emergentes, la visita oficial del sah iraní a territorio mexicano en plena Guerra Fría y, posteriormente, la concesión de asilo humanitario al monarca derrocado tras la transformación política iraní. Estos acontecimientos reflejan cómo México ha aplicado, en distintas coyunturas, los principios estructurales del Derecho Internacional Público: soberanía estatal, igualdad jurídica y solución pacífica de controversias.
México e Irán mantienen relaciones diplomáticas formales que, aunque discretas, han privilegiado el diálogo político y la cooperación cultural dentro del marco multilateral de las Naciones Unidas. Ambos países coinciden recurrentemente en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el rechazo a medidas coercitivas unilaterales, principios consagrados en la Carta de la ONU y en la tradición diplomática mexicana.
Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en 1975, cuando el sah Mohammad Reza Pahlavi realizó una visita oficial a México durante la presidencia de Luis Echeverría, en un contexto marcado por la diplomacia petrolera y el reacomodo del sistema internacional. México buscaba posicionarse como interlocutor relevante del llamado Tercer Mundo, mientras Irán pretendía consolidar su liderazgo regional apoyado por Occidente. El equilibrio se alteró con la Revolución Islámica de Irán, que derrocó al régimen monárquico e instauró una república islámica encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini. Tras su caída, el sah fue admitido temporalmente en México durante el gobierno de José López Portillo, decisión que colocó a México en una compleja posición jurídica internacional al equilibrar el derecho de asilo con presiones geopolíticas provenientes tanto del nuevo régimen iraní como de EU. Desde la óptica geopolítica, la implicación estadunidense en las tensiones con Irán rebasa el argumento del desarrollo nuclear. Factores estructurales como la seguridad energética global, el control de rutas marítimas estratégicas y la preservación de alianzas regionales explican la persistencia de su involucramiento. El análisis desde el realismo político muestra que la estabilidad del Golfo Pérsico impacta directamente en la arquitectura económica y militar internacional.
México, en contraste, carece de intereses militares directos en Oriente Medio, pero posee legitimidad normativa. Conforme a la doctrina Estrada y al principio de no intervención, puede expresar preocupación fundada en el derecho internacional humanitario: condenar el uso desproporcionado de la fuerza, exigir la protección de la población civil y enfatizar la salvaguarda de niñas y niños como sujetos prioritarios de protección internacional. Neutralidad jurídica no significa silencio frente al sufrimiento humano. Irán cuenta actualmente con aproximadamente 93 millones de habitantes, mientras que la diáspora iraní en Estados Unidos ronda las 520 mil personas. En México reside una comunidad pequeña —estimada entre 500 y 3,000 personas— dedicada principalmente a actividades comerciales, académicas y culturales, reflejo de intercambios humanos discretos, pero constantes.
Históricamente, México ha funcionado como santuario para perseguidos políticos y víctimas de conflictos armados, consolidando el asilo como institución jurídica y expresión de su política exterior humanista. Desde los exiliados republicanos españoles hasta refugiados latinoamericanos y asiáticos, el país ha privilegiado la protección de la persona humana por encima de consideraciones ideológicas.
La historia compartida entre Irán y México demuestra que incluso entre geografías distantes puede existir una diplomacia fundada en principios. En un mundo atravesado por conflictos armados y tensiones estratégicas, México tiene la oportunidad de reafirmar su papel como voz pacifista: defender la legalidad internacional, denunciar la violencia contra civiles inocentes y recordar que la paz, más que una aspiración retórica, constituye una obligación jurídica y ética de la comunidad internacional.