García Luna, el prototipo conservador

En una democracia, toda institución es susceptible de reformarse, pues la sociedad misma está en un constante cambio. El pasado miércoles 22 de febrero se discutió y aprobó en el Senado la reforma de 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Se eliminó la cláusula que pretendía distribuir los votos entre partidos de una coalición o candidatura común, propuesta que, evidentemente, beneficiaba a los partidos con menor votación y que el presidente López Obrador criticó duramente.

La reforma a los artículos que ve la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se reduce en un 84.6% el personal del Servicio Profesional Electoral, con la eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, el cual se encontraba de manera permanente, incluso cuando no había elecciones. Se obliga a que los consejeros y magistrados electorales perciban menos que el Presidente, algo que ya existía en nuestra Constitución. También se eliminan los fondos y fideicomisos del INE.

En cuanto a la Ley General de Partidos Políticos, éstos tienen derecho a elegir a sus dirigentes y sus candidaturas conforme a sus documentos básicos, sin la intervención de la autoridad electoral. Las autoridades electorales están impedidas para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos.

Se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que el Tribunal Electoral no pueda conocer de asuntos sujetos a resolución de la SCJN y se garantiza que el máximo tribunal constitucional resuelva antes de la conclusión del proceso electoral respectivo, en lugar de esperar meses para dar total validez a una elección.

A la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral se le modifica para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente pueda ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar de manera directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la designación de precandidaturas o candidaturas. Algo en lo que ha sido afectado de manera parcial el partido Morena. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará un sistema informático de justicia en línea.

Sin lugar a dudas, en un país como México, con los problemas de violencia y marginación, no sólo es necesario, sino que es justo que nuestro sistema electoral sea mucho más eficiente económicamente y con mayor imparcialidad políticamente. Debemos transitar hacia modelos que se han implementado en otros países; sí o sí el voto electrónico debe ser una realidad en el territorio; se debe incrementar la credencialización de mexicanas y mexicanos en el exterior para que puedan ejercer su derecho al sufragio.

La sociedad mexicana está evolucionando a pasos agigantados, nuestras instituciones deben procurar alcanzar dichos cambios. La democracia no sólo es un sistema procedimental, nuestra Constitución la establece como un sistema de vida, el derroche y el lujo de los consejeros y magistrados electorales es tan sólo un símbolo de todo lo que está mal en nuestras instituciones electorales.

La marcha de ayer estuvo nutrida de personas que no conocen la reforma, se integró lo más rancio del prototipo conservador, la concentración no duró más de 20 minutos y eso habla de la ausencia de discurso ideológico, sin cuadros, pero con recursos para pagar asistencias y medios.