Sobrerrepresentación: ¿golpe de Estado?

Escuchando a AMLO denunciar un “golpe de Estado” en su contra, se cae en su trampa: acusa a la oposición de preparar lo que él pretende hacer. Él está activamente preparando un golpe de Estado contra la Constitución.

Con el 54% de votos pretende obtener el 75% de los legisladores en el Congreso nacional para imponer su añorado plan C. La oposición recibió el 45% de los votos, pero con las reglas que AMLO quiere imponer en los órganos electorales tendrá solamente el 25% de legisladores. Así no votó México. Resolvió una mayoría y una minoría, sí, pero de ninguna manera en esa proporción. El Congreso debería reflejar el equilibrio real de fuerzas en el país: 55% y 45%, pero de ninguna manera 75% y 25 por ciento. México no votó 75% y 25 por ciento. Votó 55% y 45 por ciento.

La realidad del país es ésa. Por tanto, ¿cómo debemos interpretar la intención de cambiar legalmente los resultados que violentan la voluntad popular? ¿Y por qué cree AMLO que puede imponer ese legado nefasto en los órganos electorales?

La interpretación legal que otorga el 75% de legisladores a Morena y aliados es deliberadamente torcida. Alega que cada partido de su coalición “merece” 8% más de legisladores. Es decir, incrementa en 24% su caudal de legisladores. Pero la ley mandata solamente del partido mayoritario y no de sus aliados. Legalmente solamente le corresponde a Morena un 8% más de legisladores, y no al Verde ni al PT. Ellos recibirán los legisladores plurinominales igual que el resto de los partidos. Es decir, según su votación. El PAN, como primera minoría, recibiría la mayor cantidad de plurinominales y así se repartirán proporcionalmente para el resto de los partidos.

Bajo ese principio, ninguna fuerza ganó la mayoría calificada en el Congreso nacional.

Entonces, ¿por qué presupone Morena que tendrá el 75% de legisladores? Porque confía en haber logrado cooptar (léase comprar o chantajear) a una mayoría de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que voten a favor de esa ecuación matemática torcida que favorece la sobrerrepresentación de una fuerza sobre las otras y que es contraria al espíritu constitucional que favorece el principio del equilibrio proporcional de fuerzas políticas en el Poder Legislativo.

¿Tenemos órganos electorales colonizados por el Poder Ejecutivo? ¿Es por eso que el presidente López Obrador aparentemente les dictó línea desde la noche de la elección, dándoles la instrucción de aprobar su interpretación torcida de la ley para darle el 75% del Congreso a su partido? ¿Entenderán los propios magistrados que, de darle el 75% de legisladores a un solo partido, están cavando su propia tumba, porque en pocas semanas ese poder votará para elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular? Votará Morena por un procedimiento que destruirá el Poder Judicial en México por décadas y provocará una desconfianza internacional hacia nuestro país (ej. ministros elegidos por tómbola o sorteo, no por conocimientos).

Los magistrados deberán entender dos cosas al votar esa aberración jurídica y política. Una, que están malinterpretando a la Constitución y a las leyes electorales que buscan dar estabilidad política y democrática al país, y no volver a los tiempos del partido único o hegemónico. Su obligación es dar estabilidad al país y no desestabilizarlo dando vuelo a los resentimientos y furias de un solo hombre.

Y dos, lo que está advertido con toda claridad: Morena va por la destrucción, en los hechos, del sistema republicano de tres poderes, iguales e independientes entre sí, que son el corazón del orden constitucional que nos rige. Morena ya lo ha anunciado, tiene listo su proyecto legislativo y AMLO dio la instrucción: se vota y se aprueba en septiembre, antes de que me vaya de la Presidencia.

¿Acaso así es México: es el rancho del cacique? Estamos a tiempo para decir que México no es rancho de nadie. Es una República que se guía por su Constitución, con leyes y normas que se respetan.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la obligación jurídica, política y moral de decirle no a AMLO y aprobar un reparto de plurinominales que supone el principio del equilibrio ponderado entre fuerzas en el Poder Legislativo. Ésa es la obligación legal del Poder Judicial. No estar al servicio de nadie, sino de México.

No respetar su función constitucional y doblegarse ante la voracidad del Poder Ejecutivo puede interpretarse, efectivamente, como ser partícipe y aval de un golpe de Estado.