Sobre urbanismo, gentrificación y otras cosas

La Ciudad de México carece de un Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) actualizado. El último que se aprobó fue en 2003, hace 22 años. Ese dato es el punto de partida para poder analizar qué significa la discusión sobre ese fenómeno llamado gentrificación. Gobiernos llegan y gobiernos se van, y no han sido capaces de desarrollar un Programa General de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México. Legalmente, la ciudad es un caos.

Las decisiones informales de la autoridad han sido lo que ha predominado en las acciones que afectan directamente los procesos de desarrollo urbano. En 2000, Andrés Manuel López Obrador emitió, como acto de autoridad, el Bando 2. De un solo golpe, eliminó el orden y control sobre los cambios a usos de suelo en las cuatro alcaldías centrales de la ciudad: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. No nos debe sorprender que hoy son el objeto del debate sobre la gentrificación. Como veremos, la gentrificación es un proceso que viene dándose en la Ciudad de México desde la proclamación del Bando 2.

El Bando 2 pretendía repoblar esas alcaldías que estaban perdiendo población por el encarecimiento del valor del suelo. Aceleró la revalorización del suelo, pero no estableció criterios de control claros sobre el tipo de construcciones que se iba a permitir. El Bando 2 impulsó la construcción de viviendas de interés medio y alto, principalmente. De 2000 a 2025, de toda la construcción de vivienda en la ciudad, solamente el 5% ha sido de interés social, según el Coneval y la Canadevi Valle de México. A través de los años se ha creado una ciudad primordialmente de clase media, en sus distintas graduaciones. En 2014, el Coneval analizó las migraciones internas del país y demostró que la zona urbana que más población expulsó personas es la Ciudad de México. El Consejo Nacional de Población reportó que la ciudad expulsa cerca de 150 mil personas al año, principalmente por el encarecimiento de la vivienda. Este proceso empezó con fuerza en 1998.

El ejemplo que hace más evidente este despoblamiento de la ciudad es reflejado en el hecho de que el número de distritos electorales federales en la Ciudad de México han caído en ese tiempo de 40 a 22. Y crecieron en el Estado de México en la misma proporción. Ante el encarecimiento del valor del suelo, obviamente, la vivienda encarece y produjo que los más pobres huyeran silenciosamente de la ciudad para buscar dónde vivir a precios más bajos. Si se promedia el número de población expulsada por razones económicas, en los 28 años del periodo de los gobiernos perredistas y morenistas, porque son lo mismo, habrán emigrado cerca de 4 millones de personas, la gran mayoría pobres.

En 2014, el secretario de Seduvi describió el proceso de despoblación y transformación urbana de la ciudad como uno de “transformación y desarrollo, no de crecimiento”. El desplazamiento de población ha provocado “el derrumbe de casas que han sido sustituidas por la construcción de múltiples departamentos, lo que debe acompañarse con mejoras en los servicios en las colonias antiguas”. El urbanista José María Palacios fue más directo en 2014. El despoblamiento es por razones económicas “y responde a las políticas que se implementaron en los dos sexenios anteriores de López Obrador y Marcelo Ebrard, donde los créditos otorgados empujaban a la gente a la periferia de la ciudad, donde hubiera vivienda asequible en esos lugares”.

Sin un PGDU es imposible decir que se ha seguido un esquema coherente de desarrollo urbano en la ciudad. Pero, realmente, ¿cuál es el marco jurídico general para decidir qué es bueno y qué es malo para la ciudad? Hay legislaciones puntuales, normas, decretos y dictámenes provenientes de la autoridad. Pero nada con una concepción integral y ordenada de largo plazo. Es imposible e incorrecto atribuir a extranjeros la responsabilidad de la “gentrificación” de las cuatro alcaldías objeto primordial del Bando 2.

Este vacío permite que unos y otros se acusen de ser los responsables del caos urbano que prevalece en la ciudad. Lo que es inevitable concluir es que las máximas autoridades han sido incapaces de crear un proyecto de ciudad, más allá de consabidas consignas (una ciudad para todos, una ciudad de libertades, etcétera). Pero nada de eso constituye un PGDU serio y de largo plazo. Son consignas políticas únicamente para el consumo de clientelas partidistas. Tanto Sheinbaum como Luisa María Alcalde dicen que la gentrificación es culpa de la oposición. Mienten. Es producto de un proceso urbano que ha sucedido sin orden porque las autoridades, desde López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Mancera, Claudia Sheinbaum y, ahora, Clara Brugada no se han atrevido a crear una visión de 50 años para la ciudad. Parece que a este tándem PRD-Morena le conviene el caos urbano para más fácilmente poder repartir culpas hacia otros y lavarse las manos de ser responsables de la ciudad capital de México, que sufre del desorden legal y urbanístico.