Morena intenta eliminar la alternancia

No tiene ningún sentido adornar las cosas. México va, como tren sin freno, hacia el precipicio de ser un país con un régimen político de un solo partido, sin elecciones libres y con todos los apoyos legales para justificar el encarcelamiento de opositores al gobierno. Pretende eliminar la alternancia en el poder.

El dúo López Obrador-Sheinbaum ha reescrito la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de hoy no se parece en nada a la de hace siete años. Hace siete años la Constitución aseguraba la independencia entre los tres pilares del Estado mexicano. Los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo eran reconociblemente autónomos y funcionaban como contrapesos el uno del otro. Esa función esencial de contrapesos daba solidez y confianza al ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Era la piedra angular de la vigencia del Estado de derecho en México. A pesar de ello, era una democracia con fallas y carencias, en necesidad de mejoramiento.

Existían órganos del Estado autónomos que ejercían con libertad su presupuesto garantizado. Tanto las funciones de transparencia y rendición de cuentas obligaban al funcionariado público a informar con prontitud a la ciudadanía sobre su ejercicio del presupuesto público y las razones de sus decisiones procesales y legales en el ejercicio de sus responsabilidades. Órganos de fiscalización obligaban a transparentar la legalidad de las acciones y decisiones oficiales. Otras instancias autónomas aseguraban la competencia antimonopólica entre entes económicos públicos y privados. La existencia de dichos órganos, incluso de una Fiscalía General, eran piezas clave para combatir la corrupción dentro de la esfera pública. Por último, existían el INE y el TEPJF como órganos autónomos, cuya función esencial era asegurar la competencia justa y equilibrada entre los partidos políticos durante las contiendas electorales. Estos dos organismos autónomos e independientes eran, juntos, pieza angular para dar credibilidad a las competencias electorales y a sus desenlaces.

Todo eso ha desaparecido con la Cuatroté. No existen más los órganos autónomos como instancias de control y fiscalización de las actividades y el ejercicio del presupuesto del gobierno federal. El ejemplo más claro de esa ausencia es cómo López Obrador pudo endeudar al país a niveles históricos para que Claudia Sheinbaum pudiera ganar la Presidencia y Morena pudiera literalmente comprar el control del Senado y la Cámara de Diputados en 2024. Ese endeudamiento es probablemente el ejemplo más escandaloso de corrupción dentro de la gestión pública del presupuesto. 

Pero el cambio en la integración del Poder Judicial, ganado a golpe de acordeones ilegales, es un acto de corrupción electoral que mancilló la reputación del INE y del TEPJF para siempre. Mientras con la Constitución anterior el poder político se equilibraba entre el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, en las nuevas condiciones la Constitución avala una estructura piramidal del poder político en México. El Ejecutivo por encima de todos, y el Legislativo y el Judicial subordinados a aquél. Al hacer este cambio en la Constitución, murió la República. También murió con la institucionalización de la alianza entre Morena y el narcotráfico, desde la Presidencia hasta el último municipio del país.

Todos los días aparecen casos de cuantiosos robos al erario por parte de los miembros de Morena. El caso es que muchos de ellos están, hoy, enriquecidos con propiedades, negocios y otras expresiones de riqueza que no reciben una clara explicación en cuanto a su origen. Son los júniors de la Revolución mexicana. Los adultos del PRI heredaron a éstos, los morenistas, sus hijos, las mismas prácticas de cómo usar al Estado y al erario para beneficio propio. Y lo más notable del hecho es que roban con una naturalidad innata.

La Cuatroté ahora pretende eliminar la alternancia en el poder. Perder el poder es, para Morena, una amenaza a su propia existencia. Perder el poder implica la posibilidad de ser descubiertos en sus robos y alianzas con la criminalidad. Y no están dispuestos a ello, mucho menos sería aceptable para López Obrador y su familia. Porque el rechazo a la alternancia ya es una acción en defensa propia. Es la defensa de la familia y de sus nuevas riquezas. Por esto, la reforma electoral pretende ser el último clavo en el ataúd de la democracia en México. Es lo que faltaba para asegurar que Morena no pierda las elecciones de 2027 y 2030. Con esa reforma, la Cuatroté espera poder descansar en paz ante la desaparición de la amenaza de la alternancia.

Bueno, ésa es su intención y deseo. Pero faltan muchas cosas por suceder para ver si, efectivamente, logra conjurar la alternancia con una reforma electoral cuestionada e impopular. O si aparece una oposición social formidable contra esa imposición autoritaria y dictatorial de Morena. Ésa es una posibilidad real, considerando que el mundo está globalizado y lo que acontece en un lugar puede influir y determinar en algún grado lo que acontece en otro. México no es una isla. El mundo nos rodea y todo influye. Será muy difícil decretar la desaparición de la alternancia, sin el consentimiento real de la ciudadanía y sin legitimidad allende nuestras fronteras.