Marchar en defensa del INE

Antes del 6 de julio de 1988, en México el tema del órgano electoral que contaba los votos no era asunto de interés y mucho menos de debate. La Secretaría de Gobernación recibía los votos, los contaba y anunciaba al vencedor. El PRI era la fuerza hegemónica y siempre ganaba. El secretario de Gobernación en aquella época era Manuel Bartlett, actual aliado de López Obrador y director de la CFE en el gobierno morenista.

Fue él quien declaró que se “cayó” (¿o calló?) el sistema de cómputo ese 6 de julio y, por tanto, señaló que los resultados serían anunciados “después”. Claro, ya había declarado ganador al PRI.

Ese 6 de julio de 1988 cambió la historia electoral y política de México. A partir de ese momento la integración y funcionamiento del órgano electoral se volvió crucial y de alto conflicto entre la oposición y el oficialismo.

De 1988 a 1996 fueron 8 años de conflicto permanente sobre la credibilidad electoral. La disputa giraba en torno a la dependencia que padecía el órgano electoral del gobierno federal. El corazón de la disputa era la falta de independencia del órgano electoral de los intereses oficiales y la urgencia de fomentar la confianza ciudadana en los resultados electorales, asegurando la autonomía política y operativa del árbitro.

Finalmente, la reforma de 1996 le dio autonomía e independencia al Instituto Federal Electoral, logrando nombrar un Consejo de Gobierno completamente separado del gobierno federal y de sus intereses. Y se vio el impacto de la independencia del árbitro en acción. En las elecciones intermedias de 1997 ganó el PRD la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la oposición obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, por primera vez desde la Revolución Mexicana. Tres años después, en 2000, Vicente Fox ganó la Presidencia.

Y empezó la era de la alternancia democrática. Ha perdurado hasta hoy. Ahora, López Obrador, Sheinbaum, Ebrard y los miembros de Morena quieren volver el reloj al pasado, desapareciendo al INE para que el gobierno federal pueda volver a controlar las elecciones a su gusto. Aspiran a volver al viejo régimen autoritario. Proponen la “bartlettización” de las elecciones. Volver a antes de 1988.

Si la oposición se mantiene unida podrá frenar la pretensión regresiva al autoritarismo que quiere López Obrador. Él no quiere más democracia, quiere más control político. No quiere más consultas, quiere más espacio para imponer sus proyectos. No quiere elecciones libres; quiere elecciones a modo. Quiere concentrar todo el poder en los políticos, alejando a los ciudadanos de las decisiones.

La oposición tiene el deber de responder al interés histórico del pueblo de México. Ese interés se coloca firmemente en el campo de aspirar a tener elecciones libres, equilibradas, con un árbitro imparcial e independiente, ajeno a las presiones gubernamentales.

La oposición debe ser firme en el Congreso y no entrar en el juego de las negociaciones. Debe rechazar, tajante y categóricamente, la propuesta del Presidente. Ante la pretensión golpista de Morena, la oposición debe ser radical y decir, contundentemente: NO.

Para mostrar la energía social que defiende al INE, gritando “El INE NO Se Toca”, mexicanas y mexicanos marcharemos el próximo 13 de noviembre a las 10 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

Estamos todas y todos invitados a defender la democracia en México.

Las democracias pueden morir. Estaremos marchando quienes aspiramos a darle larga vida democrática a la patria.