La guerra sin Estado

La rebelión popular desde abajo en contra de la violencia, el narcotráfico, la explotación y la ausencia del Estado se cristalizó en Texcaltitlán, Estado de México. ¿Se está gestando una resistencia popular generalizada en las zonas azotadas por el crimen organizado? Quizá no será una resistencia organizada, pero sí viene una guerra irregular e intermitente que hará crecer la violencia exponencialmente en el país.

Mientras las Fuerzas Armadas construyen aeropuertos y ferrocarriles, al mismo tiempo que organizan la distribución de medicinas y textos escolares, además de administrar los litorales, puertos y aduanas, el crimen organizado florece, se fortalece y extiende sus tentáculos hacia nuevas zonas del país. Las Fuerzas Armadas también están intensamente ocupadas en crear líneas aéreas comerciales y de redes de hoteles, aprovechando la laxitud presidencial que les facilita la consolidación de sus negocios al margen de la rendición de cuentas, contrario a las prácticas normales en un Estado democrático.

Mientras las Fuerzas Armadas se engordan, se distraen en sus negocios y se vuelven parte del establishment económico y político del país, la guerra de baja intensidad que envuelve a regiones extensas del país se fortalece en capacidad de fuego y en número de personas inscritas en sus filas.

Hoy, los grandes cárteles y sus grupos regionales asociados tienen más movilidad y capacidad de adaptación a nuevas circunstancias que las propias Fuerzas Armadas. Incluso, mientras los altos mandos del Ejército y la Marina se enfocan en enriquecerse a la brevedad posible, la Guardia Nacional empieza a coordinarse localmente con los grupos delictivos, para la extorsión y robo a los ciudadanos en las calles de México.

La sociedad en general se siente expuesta a las agresiones, cobros de piso y chantajes del crimen organizado. El Estado no se hace presente cuando se le requiere. Lo dicen los aguacateros y limoneros de Michoacán, los agricultores del Bajío, al igual que los campesinos del Estado de México, como lo demuestra el caso de Texcaltitlán. En Chiapas, el asesinato de líderes comunitarios a manos de los sicarios de los cárteles en pugna por el control territorial se ha hecho costumbre.

¿Y qué decir de los atracos, secuestros y matanzas de los migrantes extranjeros y mexicanos sin rostro y sin nombre que, al cruzar el país para llegar a la frontera norte, tienen que pagar a los cárteles si quieren llegar vivos a su destino? Los migrantes son una inesperada bendición para el crimen organizado. Traen dinero, están desesperados y no reciben ningún apoyo ni protección del Estado mexicano. La cosa es simplemente esquilmarlos mientras viven su desgraciada travesía.

No puede sorprender, por tanto, que surjan con fuerza renovada las autodefensas comunitarias. Han existido desde hace años en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En algunos casos, las autodefensas han terminado convirtiéndose en nuevos grupos delictivos. Hay dos grupos distintos de autodefensas.

Existen autodefensas contratadas y armadas por empresarios agrícolas con gran capacidad económica. Se integran por mercenarios profesionales. Otro grupo son los pueblos que se arman como pueden (escopetas, machetes, palos, etcétera) para defenderse del cobro de piso recurrente de los cárteles. Es el caso de los integrantes de la autodefensa de Texcaltitlán. En el primer caso requieren a un empresario. En el segundo caso necesitan a un líder que los organice.

Esos empresarios adinerados o líderes sociales están apareciendo por todo el territorio nacional, ante la aplicación de la política oficial de abrazos, no balazos con el crimen organizado. Esa política trae aparejada una consecuencia concreta que es la ausencia del Estado mexicano para cumplir con su mandato constitucional de proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes.

Está situación deriva en una creciente y violenta guerra constante y de baja intensidad entre cárteles y sociedad organizada. Y lo más notable del caso: la ausencia casi absoluta del Estado para imponer la ley y el orden.