La amenaza

La extradición de Los Chapitos que exige Estados Unidos es un misil a la línea de flotación del gobierno de AMLO. Es una demanda legal acompañada de una clara amenaza al gobernante mexicano.

La demanda presentada ante una Fiscalía de Nueva York exige al gobierno de México la extradición de los cuatro hijos del Chapo Guzmán por tráfico de drogas a EU y otros 56 países, incluyendo cargos por homicidio, conspiración y fraude fiscal.

La demanda contiene revelaciones importantes sobre la situación del narcotráfico en México. Entre ellas, destaca una en particular. Señala que los órganos de inteligencia penetraron hasta los niveles más altos del Cártel del Pacífico, a tal grado que acompañan a los cuatro hijos en sus reuniones secretas, donde planifican los pasos a seguir en el negocio de fabricación de fentanilo, su transformación en píldoras y subsecuente tráfico a EU y al mercado mundial. Es decir, los informantes estadunidenses saben qué discuten los cuatro hermanos, qué planes y acciones preparan y, quizá lo más importante, saben con quiénes se reúnen.

Desde hace tiempo ha corrido la especie de que los hermanos tienen una relación especial con un emisario directo de Palacio Nacional para mantener la coordinación entre ambas entidades. De hecho, el emisario habría estado en Sinaloa con ellos en momentos críticos, como lo fue la situación que derivó en la detención de Ovidio, el hermano menor de los cuatro. Esto, obviamente, lo saben los estadunidenses y, sin decirlo abiertamente, le están poniendo al presidente López Obrador en alerta de que saben de sus transacciones con el Cártel del Pacífico.

La amenaza no podría ser más seria. Viene en un momento en que la relación entre Washington y la Ciudad de México está en uno de sus puntos más bajos. Nada más hay que ver la manera en que los estadunidenses hicieron pública la noticia de la petición de extradición para calibrar el enojo existente en la relación bilateral.

Ocurre después de una reunión particularmente humillante para el presidente López Obrador en Washington, pues acudió todo su gabinete de seguridad, que fue recibido por una funcionaria estadunidense importante, pero de segundo nivel. Además, con documentos en mano, esa funcionaria obligó a la delegación mexicana a reconocer que en México sí se produce fentanilo, contradiciendo lo dicho por el mandatario mexicano. Inmediatamente después de esa reunión, que el canciller Ebrard calificó de “un éxito”, Estados Unidos soltó la bomba, sin la cortesía mínima de avisar a su contraparte mexicana.

El gabinete de seguridad se quedó helado y callado, con la sorpresa en la cara y en la expresión de sus integrantes. Días después salió una publicación de informes confidenciales de EU que sólo agregan a la estupefacción de los funcionarios mexicanos. Se informó de fracturas entre la Marina y el Ejército, donde subyace un viejo conflicto de desconfianzas y sospechas de traiciones vinculadas al narcotráfico y su influencia en las filas castrenses.

El gobierno de EU ha decidido pasar a la ofensiva en México por la percepción de que existe el peligro de una alianza entre facciones del Estado mexicano con el narcotráfico. De ser así, las próximas elecciones presidenciales podrían servir como parapeto para consolidar el pacto entre Estado y narco, hecho que modificaría trágicamente la historia de México y su relación con EU.

La prueba del ácido será la respuesta que dé el gobierno de López Obrador a la petición de extradición de Los Chapitos. Si actúa rápidamente para detenerlos e iniciar seriamente el proceso de su extradición, el mensaje será uno. Si arrastra los pies en el procedimiento y evade actuar decisivamente, como sucede con el caso de Ovidio, el mensaje es otro. Una respuesta “chorera” sobre soberanía y autodeterminación no será considerada ni sería creíble, sino evasiva. En cualquiera de los casos, habrá respuesta desde Estados Unidos.