La impunidad recorre las venas ensangrentadas de la masacre en Iguala de 43 estudiantes de la escuela rural en Ayotzinapa, Guerrero. Durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto se ocultó la participación militar en la matanza. Y ahora parece que sucede algo igual, aunque en un contexto diferente, en la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Desde el inicio del conflicto, los padres de familia de los estudiantes desaparecidos y, probablemente muertos por la acción cómplice de narcos, autoridades civiles y militares, denunciaron la complicidad del destacamento militar en la zona. Los militares fueron protegidos por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien ofreció la interpretación sobre los hechos de la llamada verdad histórica, poniendo al cuartel militar a buen resguardo.
Nunca hubo conformidad en los padres de familia con esa interpretación. Y Andrés Manuel López Obrador se montó en la crítica hecha por los padres de familia. Durante años hizo una campaña contra el gobierno de Peña Nieto y su verdad histórica, también denunciando la “obvia” participación militar en los hechos. Fue uno de los ofrecimientos centrales de su plataforma electoral en 2018. La promesa estaba hecha: si llegaba a la Presidencia, crearía una comisión de verdad que abriría todos los expedientes del caso y expondría, ante la opinión pública, todos los hechos y nombraría a todos los responsables, con acusaciones penales de por medio.
Lo que no estaba en el guion del gobierno de López Obrador, al menos públicamente, era que iba a crear una alianza estratégica entre militares y el Presidente de la República para asegurar la continuidad de su gobierno. No se sabe exactamente cuándo se decidió por la creación del gobierno de facto cívico-militar, pero hoy ya es un hecho consumado. Tan es así que el general y secretario de la Defensa Nacional imparte discursos de un claro corte político y partidista. Algo así no había sucedido desde los años cuarenta, cuando concluyó el último gobierno encabezado por un general y se estableció el principio de la fidelidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas ante cualquier gobierno civil.
La intervención de la casta militar no sólo ocurre en la economía, donde cuenta con el velo de impunidad por el decreto de Seguridad Nacional, que les permite a las autoridades militares ocultar toda la información sobre contratos, adjudicaciones, costos y gastos, desapareciendo cualquier asomo de transparencia. Su intervención también transita por la política, donde el Ejército y la Guardia Nacional participan abiertamente en reuniones del partido oficial Morena.
Cuando el informe sobre la masacre de Ayotzinapa fue presentado en días recientes, sonaron todas las alarmas en Palacio Nacional. Más de 20 militares, incluyendo un general, han sido nombrados directamente en el asesinato de los estudiantes y en el ocultamiento de sus cadáveres dentro del cuartel militar de Iguala. Estas revelaciones representan un reto directo a la promesa de López Obrador en campaña de actuar contra todos los responsables sin miramientos.
Pero su promesa en campaña va en contra de la alianza estratégica con las Fuerzas Armadas que el Presidente ha establecido y que obviamente prioriza como pieza central para mantenerse en el poder. Tal parece que el Presidente considera que sin esa alianza estratégica con los militares, su gobierno colapsaría.
¿Es tan frágil y débil su gobierno? Por lo pronto prefiere pagar el costo político de romper públicamente su compromiso ofrecido a los padres de familia de transparencia y castigo a los responsables, a cambio de mantener su alianza con los militares, último dique de contención a la caída de su inoperante cuarta transformación. La impunidad, ha de pensar el Presidente, es el instrumento necesario para salvar su propio futuro político y personal.
México está descubriendo que tiene un Presidente debilitado, cuyo futuro está atrapado por el apoyo que le pueden ofrecer los militares. Esto explica el porqué de la militarización. ¿Cuál será el costo en democracia y libertades que habremos de pagar las y los mexicanos para sostener al frágil gobierno de López Obrador?