Fuero de guerra y militarización

La apresurada incorporación de la Guardia Nacional al Ejército tiene una explicación y reside en que se les otorgó a los elementos de la GN el beneficio del fuero de guerra. En esencia, que, al igual que los elementos de las Fuerzas Armadas no son sujetos de la autoridad civil. Ni jueces, ministerios públicos, ministros o magistrados pueden juzgar a los militares por sus actos realizados en el desarrollo de sus actividades, para eso es el fuero de guerra.

El artículo 13 constitucional amplió el fuero de guerra a la GN y aclaró: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

Así, cuando hay civiles involucrados en incidentes con militares, éstos deberán sujetarse a la autoridad civil para dirimir cualquier controversia. Sin embargo, existen atenuantes o matices al caso, tanto así que hasta la SCJN ha resuelto casos con criterios distintos sobre este tema.

Ha habido casos donde el involucramiento de civiles en incidentes con militares abrió la discusión sobre el juicio a militares en juzgados civiles. La razón de fondo del debate viene porque los militares agredieron los derechos humanos de los civiles. Los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Rosendo Cantú, Cabrera García y Montiel Flores fueron emblemáticos al cuestionar la validez de la existencia del fuero de guerra como instrumento de protección a los militares.

Recientemente, en el caso de Ayotzinapa, los militares acusados de haber coadyuvado a los narcotraficantes en la desaparición de los 43 estudiantes fueron retenidos en cuarteles militares y juzgados por las autoridades civiles. De hecho, es clara la presencia de fuertes presiones de las autoridades militares para evitar que sus elementos, incluso en situación de retiro, sean juzgados por autoridades civiles. Hasta la Presidencia de la República ha intervenido confusamente, tratando de apaciguar la ira militar. El hecho de que se haya resuelto la liberación de los militares presos mientras dure su proceso, defendidos por abogados contratados por el Ejército, es solamente el último tramo de un proceso que ha provocado un nuevo conflicto del Ejército y la Presidencia en contra del Poder Judicial.

Lo que revela este caso es que la premisa de que cortes civiles tengan que juzgar a militares cuando hay civiles involucrados es endeble y sujeta a consideraciones políticas y, por tanto, a una interpretación caso por caso.

No obvia el hecho de que lo que subyace en la transferencia de la GN al Ejército es que el adquirir el derecho al fuero de guerra es un paso fundamental hacia la militarización del país. Reafirma la excepcionalidad de las FA, la GN incluida, en el orden jurídico y político nacional. Ahora ésta, con su excepcionalidad, será una supuesta “policía nacional”, pero con fuero de guerra, como cualquier Ejército. Pero será el cuerpo militarizado más grande del país, más que el Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina. Se está construyendo un aparato policiaco militarizado y con fuero que puede servir para asegurar el orden público, aunque también para la represión de disidentes de cualquier tipo.

Sin duda, existe la necesidad de una revisión del modelo de justicia militar para que corresponda a los lineamientos procesales humanistas que, progresivamente se instituyen en los Estados democráticos de derecho. Concretamente, el fuero de guerra debería desaparecer. Esto ayudaría a evitar la militarización del poder político en México.

Sería congruente con lo planteado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Pacto de San José sobre el respeto a los derechos humanos de víctimas de la violencia estatal contra ciudadanos ejercidos por las fuerzas del orden.