El Estado paralelo de AMLO es golpe de Estado
Se ofrece la imposición de un Pacto Social obligatorio, sin consenso.
Morena ha resuelto no obedecer las leyes de rango constitucional, y las normas electorales que se derivan de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese partido político, avalado en su conducta por el Presidente de la República, está en proceso de crear un Estado paralelo donde no existan leyes ni normas, sino dictats a conveniencia del jefe del Ejecutivo federal.
El Estado paralelo que obedece solamente al Presidente y los miembros de Morena es, en el fondo, un acto de traición a la Constitución que juraron obedecer. La conducta de AMLO contiene todos los elementos que intentó instrumentalizar el expresidente Pedro Castillo en Perú, cuando declaró la desaparición de los poderes del Estado de su país y anunció que gobernaría por decretos. Castillo fue destituido y encarcelado por atentar contra el Estado de derecho y el orden constitucional en su país. Será juzgado en una corte de su país por el delito de alta traición.
AMLO optó por hacer lo mismo que Castillo. Eso explica por qué defiende con tanta enjundia al expresidente peruano. Cuando el Congreso rechazó sus iniciativas de reformas constitucionales, optó por el camino de los hechos de facto, más no de jure. Es decir, lo que hace y ordena a su partido son actos contra la ley, pero se realizan con la fuerza y el poder de un Estado que tiene a su disposición el último recurso disponible si los otros Poderes se oponen a sus actos: el uso de la fuerza bruta del Ejército, para violar la ley a gusto.
El uso de la fuerza bruta se vio la semana pasada, cuando una jueza de Veracruz fue arrestada y llevada por la fuerza de regreso a su estado, secuestrada en plena calle de la Ciudad de México. Fue un acto violatorio de sus derechos humanos, pero las autoridades de la Ciudad de México no impidieron ese acto de fuerza bruta.
Ese secuestro fue un acto del Estado paralelo que se está fomentando en México. Ese ejemplo puede empezar a convertirse en práctica cotidiana en un país donde el Presidente de la República está de acuerdo en gobernar a partir de sus decisiones personales (sus dictats) sin tomar en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni las leyes que de ella emanen, a menos de que sean a su conveniencia.
AMLO quiere ganar las elecciones presidenciales de 2024 aplicando leyes y prácticas electorales propias, inventadas por él, e ignorando las leyes acordadas y pactadas entre todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, con validez legal y legitimidad plena. Ése es su Estado paralelo.
El Estado paralelo en formación amenaza con destruir el tejido social del país, y rompe con el Pacto Social que representa justamente esa Constitución. Al querer imponer otro Pacto Social (suyo, personal, fermentado en una mente afiebrada), AMLO destruye las condiciones que garantizan la paz social en México. Está acercándose peligrosamente a ser, él mismo, el promotor y director de la destrucción del orden constitucional de México. Ese orden constitucional que le ha permitido a México transitar de la revolución hacia un Estado democrático y liberal, dentro de la democracia representativa con elecciones libres y legítimas.
Todo eso está a punto de desaparecer con la creación del Estado paralelo amloista. Esa situación no ofrece ni un nuevo Pacto Social acordado ni, mucho menos, la paz social. Todo lo contrario. Ofrece la imposición de un Pacto Social obligatorio, sin consenso, además de la continuada y profundizada inconformidad y conflicto social. Lleva a México de regreso al régimen de caudillos violentos del siglo XIX, donde imperaba la ley de la bala, no la ley de la Constitución.
El Estado paralelo es ilegal e inconstitucional (como lo es en Perú). Por el bien de México, el Presidente debe desechar toda intención de golpismo y regresar a la senda del Estado de derecho constitucional que juró defender.
