El dilema Caro Quintero
Era un factor disruptivo, sin duda, pero era integrante del ala histórica del cártel. Había sido jefe del Chapo Guzmán. Y, en todos sus años de cárcel, no delató a sus integrantes del Cártel de Guadalajara.
El asunto de la extradición, o no, de Rafael Caro Quintero ha puesto al gobierno del presidente López Obrador ante una serie de dilemas. Todos ellos ponen al Presidente en el predicamento de romper con la Pax Narcotiniana que se ha constituido en el sello distintivo de su gobierno.
Con todas las desavenencias que tenían, Caro Quintero se hizo parte del Cártel de Sinaloa, a partir de su abrupta liberación durante el sexenio de Peña Nieto. Era un factor disruptivo, sin duda, pero era integrante del ala histórica del cártel.
Había sido jefe del Chapo Guzmán. Y, en todos sus años de cárcel, no delató a sus integrantes del Cártel de Guadalajara devenido en el de Sinaloa.
Señalamientos y declaraciones van, y desmentidos vienen, pero el hecho es que la DEA tuvo todo que ver con la localización y captura de Caro Quintero. Ese hecho representa un primer problema. Se supone que López Obrador había prohibido la participación de la DEA en operaciones “en vivo” y menos sin la autorización expresa del gobierno mexicano. El mismo embajador Salazar desmiente la participación de la DEA en el evento porque empeñó su palabra con López Obrador de que no violarían las restricciones impuestas a la DEA por el actual gobierno, incluidas en un nuevo apartado de la Ley de Seguridad Nacional aprobado por el H. Congreso de la Unión.
Pero la realidad es que la información fue proporcionada por la DEA al instrumento más criticado por López Obrador dentro de las fuerzas de seguridad nacional: la Marina. El Presidente quiso marginar a la Marina de todas las operaciones conjuntas de ese cuerpo de seguridad con la DEA por considerar que opera con criterios que no son los suyos. Escogió al Ejército como instrumento operativo preferido, porque lo considera más leal al trazo de su política de negociación con el crimen organizado.
El Ejército aplica la política de “abrazos, no balazos” mientras, dice, la Marina detiene a los capos y se enfrenta a los elementos criminales, lo que no corresponde a su política.
López Obrador siempre criticó la política de anteriores gobiernos de entregar capos a Estados Unidos. Tan enfática era su posición que se negó a aceptar la detención hecha por Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y exigió que fuera devuelto a México para ser investigado por la autoridad mexicana. Por supuesto que esa investigación nunca ocurrió.
El problema que representa la posible extradición de Caro Quintero a Estados Unidos es que, aparte de la información general o detallada que le pudiera proporcionar sobre las ubicaciones de elementos como El Mayo Zambada y los Chapitos, su información sobre los participantes en la matanza de Camarena, exagente de la DEA, pudiera ser crucial para vincular, en definitiva, a altos funcionarios del gobierno de De la Madrid en los hechos. Especial mención en este supuesto es la de Manuel Bartlett, protegido de López Obrador y presumiblemente de la CIA.
Si López Obrador evita la extradición de Caro Quintero será visto como encubridor de facto de los cárteles de la droga, confirmando un rumor que crece: que es aliado objetivo, consciente o inconsciente, del crimen organizado en México.
Cabe la posibilidad de que, para resolver el dilema presidencial, Caro Quintero aparezca suicidado en su celda de Almoloya. Dado que el uso y abuso de la justicia ha hecho fama en este sexenio, no sorprendería un desenlace de ese orden.
Especialmente porque López Obrador seguramente no dio la orden de su captura ni es un regalo a Biden. Quienes afirman eso no entienden que el Presidente odia los operativos conjuntos Marina-DEA como nada en el mundo, mientras los cárteles del narcotráfico le representan un espacio de franco diálogo, cuando no de apoyo de facto a su gobierno.