Ejército subordina al Presidente

Los SedenaLeaks nos han obligado a repensar cómo funciona el sistema político en nuestro país. Muy particularmente acerca del papel de las Fuerzas Armadas en el ciclo de toma de decisiones entre autoridades civiles y militares.

Las revelaciones no sólo son impactantes en términos del detalle que ofrecen en cuanto a acontecimientos, informes presupuestales y personas involucradas. También impresiona el amplio espectro de temas en los que se involucra el Ejército. Espía a actores políticos, sociales, empresariales, diplomáticos y figuras públicas, sin necesariamente explicitar en los documentos el propósito o fin último del espionaje y la información que produce. Discute información sobre políticas públicas, temas medioambientales, cultura, desarrollo urbano y obras públicas. Finalmente, y sería imposible dejar este rubro fuera del interés global del Ejército, está el seguimiento a las actividades, conflictos internos y enfrentamiento en el vasto y abigarrado mundo del crimen organizado.

Siguen a las autoridades y saben que están vinculados con el crimen organizado y, más específicamente, con el narcotráfico. Ahí están identificados y señalados los gobernadores morenistas de Tabasco (ahora el secretario de Gobernación), Veracruz, Zacatecas y Sonora. Y eso es sólo con una lectura inicial de los millones de documentos que Guacamaya le ha ofrecido a los ávidos (sic) lectores mexicanos. Se habla de sus contactos con los líderes de los cárteles que operan en sus territorios estatales y de los arreglos que hacen para mantener esas relaciones funcionando.

También se revela cómo el Ejército obtiene su información vía el instrumental que ofrece Pegasus, aunque también lo niega el mismísimo Presidente. Esa negación la han formulado ambas instituciones: la Presidencia de la República y Sedena.

También explican los procedimientos a través de los cuales el Ejército comparte información con “la embajada americana”, en unos casos, y la DEA o CIA en otros. Lo que comprueba que existe una intensa comunicación entre agencias estadunidenses de inteligencia y el Ejército mexicano. Esto ocurre contraviniendo la instrucción del Presidente de la República, que estableció, en una nueva legislación incluida en la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por el Congreso federal, que toda la información generada en territorio nacional por agencias extranjeras debiera ser vista y procesada inicialmente por la secretaría de Relaciones Exteriores. Es evidente que el Ejército ignora esa disposición de manera deliberada, y no sufre ningún reclamo por su desacato.

Y sus presupuestos crecen desmedidamente y sin justificación, dadas sus responsabilidades legales plasmadas en la Constitución.

En esencia, lo que revelan los SedenaLeaks es que el Ejército es poseedor de más información sobre cuanta cosa ocurre en el país que el propio Presidente. Y puede, si lo desea, informar selectivamente al Ejecutivo federal sobre lo que está sucediendo con cada uno de los gobernadores. ¿Le habrá informado, por ejemplo, que su actual amigo en la secretaría de Gobernación nombró a jefes de cárteles de la droga en puestos relevantes de la policía de Tabasco cuando era gobernador?, ¿o habrá informado al Presidente sobre los nombramientos a jefes de cárteles en puestos de seguridad pública por parte del gobernador morenista del estado de Veracruz?

Seguramente, le informa al Presidente sobre las actividades de opositores y del embajador estadunidense. Pero es probable que no le informe sobre la venta que hacen militares de armas del Ejército a elementos del crimen organizado. Pero, seguramente, le promete al Presidente guardar el secreto de algunos de sus viajes a ciertos estados o de su verdadero estado de salud.

Lo que dicen las SedenaLeaks, sotto voce, es que el Ejército tiene al Presidente de la República subordinado a sus indicaciones. Y cuando las Fuerzas Armadas consoliden sus negocios en aeropuertos, puertos, trenes, refinerías, construcciones y líneas aéreas, será entonces, la fuerza más importante del país, sin necesidad de Congresos y Poderes judiciales. Serán imbatibles. ¿Es ese el proyecto?