Datos sobre delitos

Desde hace al menos seis años se ha llevado un registro de delitos del fuero común. Este registro lo ha llevado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anteriormente dependiente de la Secretaría de Gobernación y ahora, a partir del 1º de diciembre de 2018, adscrito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Mes con mes, el Secretariado Ejecutivo ha dado cuenta de los datos concernientes a las víctimas de delitos del fuero común en todo el país y estado por estado. De esta forma se han creado series de tiempo útiles, fundamentales para conocer los fenómenos de la violencia, su evolución en el tiempo, sus impactos regionales y la numeralia con relación a víctimas.

Los delitos abarcan cuatro grandes áreas: víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal, víctimas de delitos contra la libertad personal, víctimas de delitos contra el patrimonio y víctimas de delitos contra la sociedad.

Delitos con la vida y la integridad incluyen homicidios, lesiones, feminicidio, aborto y otros. Delitos contra la libertad personal incluyen el secuestro, tráfico de menores, rapto y otros delitos que atentan contra la libertad personal. Delitos contra el patrimonio incluye robo en distintas modalidades y extorsión. En delitos contra la sociedad se incluye corrupción de menores, trata de personas y otros delitos contra la sociedad.

Las cifras provienen de las carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras.

Si bien existen observaciones críticas sobre la fuente originaria de la información proporcionada –las procuradurías y/o fiscalías estatales–por considerarlas propensas a distorsionar, ocultar o manipular la información por diversas causas, también es verdad que la mayoría de delitos cometidos en México no son denunciados en los Ministerios Públicos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que sólo un 7 por ciento de los delitos cometidos en México llega a las agencias del Ministerio Público.

Estos datos se publicaron hasta el mes de noviembre de 2018. En diciembre no se está proporcionando los datos sobre delitos y víctimas del fuero común. En la página web del Secretariado Ejecutivo se señala que: “se informa que la metodología implementada para el registro de las cifras de incidencia delictiva será revisada para su fortalecimiento”.

Si bien es cierto que la información publicada abarca del 1º de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018 (los seis años de Peña Nieto), es igualmente cierto que la información estadística venía desde la gestión de Felipe Calderón.

Lo que constituiría un grave error de la actual administración sería romper la secuencia de tiempo de la información, generando otras series de tiempo no comparables con los actuales y rompiendo, así, la posibilidad de conocer la evolución de los delitos, por imperfecta que fuera el sistema de recabación de información.

En fenómenos de violencia y la comisión de delitos es siempre difícil encontrar una metodología exacta para su medición.

En todo caso, se podría establecer instrumentos paralelos calificadores para evaluar, en tiempo real, la calidad de la información generada. Pero de ninguna manera se debiera desechar los datos existentes y sugerir nuevos, incompatibles con los anteriores. Hacerlo representaría un retroceso en el sistema de información sobre la criminalidad en México y, por tanto, la eficacia en su combate.

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