Una Auditoría Superior al servicio del poder

Era febrero de 2021. La Auditoría Superior de la Federación publicó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había tenido un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno del presidente López Obrador, al ascender a 331 mil millones de pesos, monto que podría incrementarse, ya que no se encontraban identificados ni cuantificados los costos adicionales por la liquidación de los contratos pendientes, ni por los juicios y demandas interpuestos, lo que implica que era más barato terminar la obra que cancelarla.

Algunos diputados de Morena solicitaron la renuncia de David Colmenares, auditor superior de la Federación. Ese mismo día se hizo público que Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño, que hizo la auditoría sobre la cancelación del aeropuerto, había sido separado del cargo.

Colmenares ordenó revisar el informe presentado y emitió un comunicado en el que daba a conocer que había encontrado inconsistencias en el informe y se retractaba.

A partir de ese momento la Auditoría Superior de la Federación había sido cooptada. Renunciaba a cumplir con sus funciones constitucionales. Redujo su desempeño, logró peores resultados y se alejó de su función de combate a la corrupción.

La evidencia está a la vista de todos. En 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la ASF realizó 1,813 auditorías. Para el primer año de López Obrador, realizó 455 auditorías menos.

Además, entre 2019 y 2022, la ASF realizó el menor número de auditorías forenses en los últimos 10 años. En la administración del anterior auditor, Juan Manuel Portal, se realizaban entre 10 y 15 auditorías forenses por año, en la de Colmenares han sido menos de 10.

También, el número de acciones legales promovidas en el primer año de López Obrador es el número más bajo desde 2005, pues se iniciaron únicamente 7,141 acciones legales, una reducción de 3,448 acciones en comparación con el último año de Peña Nieto.

Además, las denuncias penales de los últimos cinco años principalmente se han concentrado en irregularidades del sexenio pasado. El único caso denunciado del gobierno actual es el desvío ocurrido en Segalmex, organismo creado en esta administración y cuyo exdirector, Ignacio Ovalle, aún mantiene un cargo público. “Lo engañaron”, dice el Presidente.

En el informe de la Cuenta Pública de 2022, la Auditoría sólo detectó irregularidades y un monto por aclarar que asciende a 61.5 millones de pesos a través de 86 auditorías a entes federales, mucho menor a lo detectado en otros años. Se concentró en cómo gastan estados y municipios, y revisó poco el presupuesto ejercido por el gobierno federal. Esta fiscalización se coloca como la que menos auditorías ha realizado y, por lo tanto, los recursos observados también son mínimos.

Adicionalmente, las auditorías no se han centrado en las Fuerzas Armadas, quienes ejercen miles de millones de pesos en los proyectos prioritarios del presidente López Obrador y que se han distinguido por su opacidad.

El camino es claro, necesitamos una Auditoría Superior de la Federación independiente y valiente, que no responda a intereses partidistas ni se doble frente al poder. Le tocará a la nueva administración llevar a cabo las reformas para convertirlo en un organismo constitucional autónomo.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana

Twitter: @ralexandermp