Sobra el Poder Judicial

La fórmula no es nueva. Todos los tiranos que llegan al poder tienen como uno de sus principales objetivos el ahogar cualquier límite a su desmedida ambición. En México, el Poder Judicial, el único autónomo que existe, es el villano favorito.

Por eso, el presidente López Obrador y sus secuaces, que se sienten elegidos por la divinidad para imponer su voluntad en contra de cualquier principio democrático, buscan amordazar al Poder Judicial, aunque ello signifique enterrar al debilitado Estado de derecho que existe en nuestro país.

Están dispuestos a darle un tiro de gracia a cualquier intento de volvernos un Estado donde impere la justicia y la libertad de los mexicanos.

Aunque siempre se vio el odio a cualquier muestra de independencia del Judicial y algunos aplaudidores –como el ministro Zaldívar– se prestaban a su juego destructor, se pudo ver el nivel de resentimiento cuando amenazó con un juicio político a los ministros de la Suprema Corte si no se hincaban ante el elegido.

Sin embargo, hoy el Poder Judicial se ve presionado por una fuerza que busca ahogarlo sin recursos presupuestales y la eliminación de los fideicomisos que controla.

Para entender el problema, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, informó en agosto que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial solicitaría un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado en 2023. Como consecuencia, los diputados de Morena, cual voceros del Presidente, amenazaron que no sólo no aprobarían el aumento, sino que reducirían su presupuesto –aunque eso significara maniatar a la justicia del país–, tal vez regresando al Poder Judicial de la Federación al escenario presupuestal de 2015.

De acuerdo con diversos estudios, el Poder Judicial ha solicitado un presupuesto que representa 0.9% del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual constituye una disminución significativa si se compara con el gasto ejercido en 2017, cuando representaba 1.4%.

Por poner un ejemplo, en 2020, en América Latina, se destinó en promedio 0.56% del Producto Interno Bruto a tribunales de justicia. Brasil destinó 0.81%, Colombia 0.71% y Chile 0.52%. México estaría destinando 0.26% este año.

Por otro lado, hace algunos días la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados presentó un proyecto en el que plantea una reforma legal para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que significan algo así como 21 mil millones de pesos. Los recursos se integrarían a la Tesorería de la Federación, bajo control del Ejecutivo, para que puedan ser asignados –con total opacidad– a los programas sociales y a las obras de infraestructura, con el contubernio de una Auditoría Superior de la Federación que no se atreve a fiscalizar el uso de todo ese dinero.

En el fondo, igual que todos los autócratas, el gobierno de López Obrador demuestra que el Estado de derecho le importa menos que lo que va a desayunar mañana. Que detener a las organizaciones criminales que asesinan 100 personas al día va en segundo término frente a asegurar los privilegios de que gozan sus huestes. Que volver a México en una verdadera democracia nunca fue una prioridad.

Tal vez logren su cometido. Lo que no podrá hacer es cambiar que pasará a la historia como el hombre que pudiendo volvernos un mejor país, nos aseguró un México sin justicia. Triste realidad.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana

X: @ralexandermp