Radiografía del sector salud

Tal vez junto con el desastre en materia de inseguridad, el tema de la salud es de las grandes tragedias de la administración de López Obrador. Tomó algo perfectible, pero que funcionaba, y lo echó a perder a costa de los mexicanos. Imperó la arrogancia, el desconocimiento y la sed de corrupción.

La lista es larga. Se destruyó el Seguro Popular que, para 2018 atendía a 54 millones de mexicanos que no contaban con cobertura. Lo sustituyó un Insabi que fue un rotundo fracaso y tuvo que desaparecer para ocultar la corrupción de sus funcionarios. Ahora se creó el IMSS-Bienestar que opera con carencias y total opacidad.

También se canceló la compra consolidada de medicamentos que lideraba el IMSS, reconocida por organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo la OCDE, generando desabasto y dando lugar a adjudicaciones directas.

Según datos del Instituto Farmacéutico México (INEFAM), en 2017, el 85 por ciento de las medicinas se compraba por licitación pública. Para 2021, sólo 25 por ciento. Por otro lado, en 2017, 52 por ciento del presupuesto en medicinas se ejercía en licitaciones públicas, mientras sólo 12 por ciento para 2021.

La improvisación continuó. Se implementó la ocurrencia de la “megafarmacia”, que costó más de tres mil millones de pesos, pero surte tres recetas al día. De acuerdo con datos del colectivo Cero Desabasto y Nosotrxs, sólo se entrega nueve por ciento de los medicamentos solicitados. Eso sin mencionar que se están desviando recursos de las cuotas obrero-patronales del IMSS para surtir sus anaqueles.

También, acusando corrupción que nunca fue probada, se dejó de contratar a las distribuidoras de medicamentos, incluyendo empresas como Dimesa y Fármacos Especializados, pulverizando el negocio para hacerlo más caro y menos eficiente.

Ahora nos venimos enterando —gracias a una investigación de Latinus— que en este sexenio, familiares del presidente López Obrador, a través de sus operadores, se hicieron del negocio de los medicamentos y venden —trafican— medicinas a sobreprecio en las delegaciones de instituciones como el IMSS.

Por si había duda, ahí están las grabaciones del famoso Amílcar Olán, quien ha recibido contratos millonarios con la ayuda de su amigo Alejandro Calderón Alipi, que controla el sistema IMSS-Bienestar —con un presupuesto de 128 mil millones de pesos—, y con Daniel Asaf, jefe de ayudantía y mano derecha del presidente López Obrador. Está documentado que en algunas adjudicaciones directas compraron al doble de precio que en licitaciones a través de una empresa que se llama Biosistemas y Seguridad Privada, S.A. de C.V.

Amílcar, quien es el mismo que dijo que “cuando se descarrile el Tren Maya, ya va a ser otro pedo”, aparece en audios diciendo cínicamente que es “experto en salud”.

Se sabe, de acuerdo con denuncias de empresarios del sector salud, que en el IMSS-Bienestar, en la Unidad de Administración y Finanzas, a cargo de Aunard de la Rocha Waite, se adjudican de manera directa contratos millonarios a empresas con las que el funcionario tiene relación.

Y mientras todo eso sucede, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Roberto Salcedo, brilla por su ausencia en el “año de Hidalgo”. Lo mismo pasa con la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares, quien desde que fue amenazado por López Obrador con ser destituido, guarda un cómplice silencio.

Lo más duro es que el Presidente se presenta en la conferencia mañanera y —de forma cínica— dice que nuestro sistema de salud está cerca de parecerse al de Dinamarca. Su indiferencia es inversamente proporcional a su calidad moral.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana

X: @ralexandermp