La cómplice Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación nada de muertito. Su presidente maneja su agenda y pospone resolver los recursos que buscan parar la militarización del país, impulsados por la oposición y la sociedad civil. Le da miedo enfrentarse con el mandatario. Es cómplice.

Actualmente, hay más de 30 recursos y amparos que están en trámite y algunos tienen más de mil días que fueron presentados. Por eso, con su silencio el máximo tribunal avala que los militares estén en las calles y se hagan cada día más poderosos, al mero estilo de las dictaduras latinoamericanas que son sostenidas por las armas.

No hay tema más importante que resolver y el Poder Judicial decide estirar la liga, incluso cuando las reformas legales que ha impulsado el Ejecutivo claramente violentan el texto constitucional.

Y aún peor, cuando sí resuelve, se pronuncia a favor del proyecto militarista del mandatario, como el pasado 29 de noviembre cuando se discutió y aprobó el proyecto de resolución de la controversia constitucional 90/2020, promovida por la Cámara de Diputados en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Claro, el asunto fue proyectado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propuesta por el presidente López Obrador y fue confirmado por otros siete de los miembros de la Suprema Corte.

Porque de independiente tiene poco este tribunal. Por lo menos cuatro de los once ministros están ahí para avalar la destrucción institucional que se dicta desde Palacio Nacional.

El tema no se esconde. En una conferencia mañanera, el Presidente de la República dijo que los cuatro juzgadores elegidos durante su gobierno “ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”. Esos ministros, en lugar de contestar con independencia y dignidad, se cuadraron y bajaron la cabeza. Acataron la orden.

Pero ésa es sólo una de las tantas críticas que ha hecho el mandatario al Máximo Tribunal. Incluso dijo que “el Poder Judicial está intacto, a los jueces no les importa el pueblo, defienden intereses de grupos”.

Y ante tales embates, ningún ministro salió a defender la autonomía del Poder Judicial. Tampoco lo hizo su presidente.

Ahora estamos en vísperas de la elección del nuevo presidente de la Corte y ya se perfila que la designación será hecha desde el Palacio Nacional, comprometiendo, una vez más, su independencia.

Por eso, ahora lo único que podemos esperar los ciudadanos es que acabe este sexenio lo más pronto posible sin que se siga destruyendo lo que nos tardamos décadas en construir. Claramente, no será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ponga límites al presidente de la República.

           *Maestro en Administración Pública

           por la Universidad de Harvard

           y profesor en la Universidad              Panamericana

                Twitter: @ralexandermp