Inocencia selectiva y duda razonable

Parece que vivimos una dualidad de personalidades. Estamos convencidos que el principio de presunción de inocencia debe imperar en nuestro sistema jurídico, pero a la vez condenamos a alguien sin que haya pasado por un procedimiento judicial y tenga una sentencia. A todos nos ha ocurrido.

El juicio de Genaro García Luna es un ejemplo claro. Gran parte de la sociedad mexicana, impulsada por el oficialismo que se dicta desde Palacio Nacional, decidió que era culpable de algo –aunque no sabemos bien de qué–, y hemos convertido su proceso en un “show” mediático.

Todos los días, el presidente López Obrador sale a hablar en su mañanera de su juicio como si la culpabilidad ya hubiera sido decretada y da avances del mismo, que, según parece, está cerca de terminar.

Pero la trama se complica porque parece que el propio Genaro y su defensa se sienten confiados en que pueden obtener una sentencia absolutoria y, por eso, el exfuncionario no se ha declarado culpable ni negociado una pena reducida.

También sabemos que, hasta ahora, de lo que se le acusa –cinco cargos, tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones–, las pruebas no parecen contundentes para condenarlo.

La suerte está echada y no hay nada que pueda hacer nuestro gobierno para cambiar el resultado del juicio. Próximamente, los 12 jurados nos dirán si no existe una duda razonable de su inocencia.

Pero en México la realidad es diferente. Hace semanas no existía ningún proceso en contra de García Luna. Ahora la UIF, una institución liderada por Pablo Gómez y que se dedica a perseguir opositores y críticos al régimen, una década después de que dejó la Secretaría de Seguridad Pública, viene a acusarlo de haber tejido una red de corrupción mediante empresas ligadas a familiares, excolaboradores y socios con la cual supuestamente extrajo recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, por medio de 30 contratos firmados con instituciones de seguridad en México, lo que claramente, más que buscar justicia, busca venganza.

En el fondo, lo que más le duele al mandatario mexicano es no tener control del resultado de ese juicio, cuya sentencia condenatoria sería leña para su relato maniqueo de su pureza y la obscuridad de sus adversarios.

Pero lo que más debería de preocuparnos es que, una vez más se demuestra que nuestro sistema jurídico está al servicio de los intereses del poder, y a nadie parece importarle.

Otra vez se usan las instituciones de investigación y persecución de delitos de modo faccioso, porque sabemos que no hay más grande enemigo del presidente López Obrador que Felipe Calderón y cualquier resultado del futuro de García Luna abre o cierra la puerta para más ataques en su contra.

Inocencia selectiva al mero estilo de Juárez, a quien se le atribuye la frase “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. En la Cuarta Transformación se da un paso más allá: a los opositores, abierta represión institucionalizada.

P.D.: Vergüenza, tristeza, impotencia. Palabras que vienen a la mente al ver al presidente López Obrador condecorar con la Orden Mexicana del Águila Azteca al dictador, asesino y violador de derecho humanos Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba. Injustificable. Degradante.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana

Twitter: @ralexandermp