El supremo poder militar

Algo inexplicable ocurrió al inicio del sexenio. Después de la promesa del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, que las Fuerzas Armadas regresarían a sus cuarteles, en cinco años el Ejército y la Marina se han dedicado a acumular cotos de poder que antes estaban en manos de civiles.

Resulta tedioso enumerar todas las funciones y dádivas que se les han otorgado a los militares, pero ahora hacen caminos, instalan cajeros automáticos, compran y reparten insumos médicos, tienen a su cargo las aduanas del país, construyen y administran aeropuertos y trenes. Tienen su línea aérea.

Y si bien mucha tinta se ha derramado tratando de entender la postura del Ejecutivo para conceder tantos privilegios de forma ilimitada, no existe una respuesta clara.

Lo que sí sabemos es que fue el presidente López Obrador quien, por recomendación de las Fuerzas Armadas, aceptó destruir la Policía Federal, la única institución civil que tenía la capacidad de hacerle un contrapeso a los militares.

También hoy sabemos que, en el ocaso de la administración lopezobradorista, los militares no son el cuarto poder, sino se asimilan más bien al Supremo Poder Conservador de la Constitución de 1836, que no le rendía cuentas ni al presidente.

La realidad es que hoy los mexicanos aceptamos que los que tienen el monopolio del uso de la fuerza sean los mismos que ignoran la Constitución –por ejemplo, desconociendo la Ley de Adquisiciones o el carácter civil de la Guardia Nacional– y que les importe poco lo que piense el Poder Judicial en temas como el fuero militar, la documentada tortura ejecutada por sus miembros o hechos como la matanza de Tlatlaya en 2014.

Incluso, se sienten legitimados para declarar que ellos no están sujetos a las obligaciones de rendición de cuentas frente al Legislativo y, por eso ni los fiscaliza la Auditoría Superior de la Federación. ¿O ya se nos olvidó el cómplice silencio que guardó López Obrador cuando el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, rechazó en octubre del año pasado acudir a la Cámara de Diputados para explicar el hackeo por parte del grupo Guacamaya?

Ahora los militares demuestran que pueden hacer que el Presidente se trague sus palabras, que el arresto del general Salvador Cienfuegos –quien fuera el mando máximo cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y quien también está señalado por vínculos con el crimen organizado por parte de la DEA– era un ejemplo de la corrupción del pasado. Ahora lo tuvo que condecorar con la medalla Bicentenario del Colegio Militar.

La postura del presidente López Obrador es clara y se evidenció cuando dijo que las Fuerzas Armadas debían administrar y operar el Tren Maya para “evitar que haya tentación de privatizar esta obra”. Como si los mandos civiles de las próximas administraciones fueran a estar supeditados a los militares.

En el fondo, presenciamos un verdadero cambio de paradigma, donde el Ejército y la Marina ya no responden a los ciudadanos, sino a sus propios intereses.

El problema no es lo que se les ha dado, sino lo que va a ocurrir cuando se busque acotar el poder del Supremo Poder Militar. Como ya se ha escrito en estas líneas, las Fuerzas Armadas no van a dejar llegar a la Presidencia a nadie que pueda afectar lo que han ganado. ¿Queda duda de eso?

*Maestro en Administración Pública

por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana

X: @ralexandermp