El otro ejército de López Obrador

Ha pasado desapercibido y no ha levantado muchas preocupaciones, de ahí su éxito. Opera, principalmente, en zonas rurales. Está sostenido por un entramado legal bastante deficiente y sus funciones no están plenamente definidas; sin embargo, es una parte fundamental del movimiento del presidente López Obrador.

Se trata de un ejército de miles de hombres y mujeres —más de 18 mil, según datos de la Secretaría de la Función Pública, y cuesta al erario más de 3 mil millones de pesos al año— que empezaron a ser reclutados, incluso antes de que su administración asumiera las riendas del país. Antes, no era claro quién cubría sus sueldos y gastos. Ahora, son funcionarios públicos que responden a las instrucciones del Presidente, las cuales son transmitidas a través del coordinador de los superdelegados federales, Gabriel García Hernández.

La transparencia y la rendición de cuentas no son prioritarios en su trabajo, siempre y cuando cumplan con su función: repartir recursos en forma de programas sociales y hacer permear la idea de que son regalos del líder el movimiento. El populismo en todo su esplendor.

Se les conoce como “servidores de la nación” —el nombre lo debe de haber inventado Epigmenio Ibarra— y administrativamente dependen de la Secretaría de Bienestar, aunque en la realidad no le rinden cuentas a su titular.

Parece que varios de ellos trabajaron en la campaña de Morena por la Presidencia, pero operaban con otro nombre. En octubre de 2018, atribuyéndoseles facultades de funcionarios públicos, se les ordenó llevar a cabo el “Censo para el Bienestar”, casa por casa, a fin de establecer cuáles serían los beneficiarios de los programas sociales, no obstante el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, establece que el levantamiento de censos, a nivel nacional, es facultad exclusiva del Inegi.

A diferencia de todos los demás puestos gubernamentales que tienen funciones definidas —con base en el principio de legalidad, que establece que la autoridad no puede hacer más que lo que expresamente tiene permitido—, estos funcionarios hacen lo que se les instruye. Ahora les toca acompañar a las brigadas de vacunación contra covid-19, para usar esa campaña de salud para apuntalar al partido frente a las elecciones de este año.

La Constitución es muy clara en su artículo 134, la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.

En el fondo, el ejército de “servidores de la nación” está conformado por civiles que se encargan —con nuestros recursos— de operar políticamente a favor de Morena y acrecentar las redes clientelares de apoyo al gobierno, lo que hubiera sido escandaloso en administraciones anteriores. Ahora es diferente porque la imaginaria pureza del gobierno impone una falsa percepción a esta deleznable práctica. Antes pasaba, no debería de ocurrir ahora.

Empecemos a llamarle a las cosas por su nombre, aunque no les guste a los habitantes del Palacio Nacional. Si grazna como ganso, tiene plumas como ganso y tiene pico de ganso, hay que entender que estamos frente a un ganso. Ya basta de permitir la destrucción de nuestras instituciones y de nuestra naciente democracia. Al final, el silencio es complicidad.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana.

Twitter: @ralexandermp