El mito del huachicol

Nos dijeron que ya no existía corrupción en el gobierno. Nos insisten en que ya se acabaron las masacres. Nos quieren hacer creer que son diferentes. Pero la terca realidad se termina por imponer, aunque algunos mexicanos no la quieran ver.

La cruzada contra el robo de huachicol no es la excepción. Mientras el gobierno nos presume que ya se acabó, ahora, más que nunca, esa actividad delictiva está a la vista de todos: en las carreteras, en las comunidades rurales. Incluso hay pueblos enteros que viven de ordeñar los ductos de Pemex.

Una plática con Samuel León Sáez, analista especializado en mercados negros de combustibles por la Universidad de Oxford, Inglaterra, sobre su nuevo libro Huachicol: el nuevo mercado criminal en México (M.A. Porrúa, 2022), revela los orígenes y factores detrás del crecimiento de esta empresa ilícita.

El autor nos cuenta cómo el Presidente logró adjudicarse una victoria en medios al decretar la desaparición del huachicoleo en 2019, que prácticamente no se puso en duda, sino con algunas notables y discretas excepciones como la de México Evalúa o la crítica de especialistas en energía como Rosanety Barrios o Gonzalo Monroy.

La realidad es que aquellas fallas estructurales que limitan al Estado en materia de seguridad pública también están presentes en las instituciones relacionadas a la problemática del tráfico de derivados. León Sáez menciona que “Octavio Romero (director general de Pemex) reconoció en una comparecencia ante la Cámara de Diputados a finales de 2019, que no contaba con mecanismos de control para asegurar que no existan diferencias entre la producción y los balances en refinerías y terminales de distribución”.

También, en febrero de ese mismo año, una investigación periodística de Contralínea reveló que casi la mitad de los sitios de monitoreo del sistema de ductos SCADA estaban fuera de funcionamiento por vandalismo, falta de mantenimiento o por nunca haber sido instalados.

Por eso, el experto sostiene que las cifras del gobierno muestran inconsistencias importantes. A principios de 2020, Octavio Romero Oropeza declaró en una mañanera que el robo de combustibles había disminuido a menos de 2 millones de barriles sustraídos durante 2019, pero de acuerdo con una estimación conservadora que elaboró a partir de una solicitud de transparencia, esa cifra sería por lo menos de 7 millones de barriles robados.

Ahora, de acuerdo con una serie de documentos que se encuentran en los miles de correos electrónicos que extrajo el grupo de hackers Guacamaya de los servidores de la Sedena, se reveló que el Ejército tenía información de la colusión de marinos, militares e ingenieros de Pemex en el robo de combustible en Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz.

También, en los últimos días se filtraron los resultados de una investigación conocida por su nombre clave Caso Olmeca, que liga a Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación, con líderes del huachicoleo en su estado natal, Tabasco.

Por eso, en México, el Estado de derecho no es nada más que una definición vacía. Nuestras autoridades tapan el sol con un dedo y desaparecen al crimen organizado por decreto.

La terca realidad evidencia que el robo y la venta de huachicol, como todas las demás actividades delictivas del país, se sigue llevando a cabo a la vista de todos y con la venia de nuestras Fuerzas Armadas.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y Profesor en la Universidad Panamericana