El huachicol que ya no existe

Era el 27 de diciembre del 2018. El presidente López Obrador y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunciaban en la conferencia mañana el lanzamiento del Plan de atención a instalaciones estratégicas de Pemex, también conocido como “plan contra el huachicoleo”.

Al presentar los detalles, Romero precisó que si bien éste se presentaba públicamente ese día, el plan había comenzado una semana antes, cuando “se intervino el sistema de monitoreo y control de los ductos en Pemex”.

Como consecuencia de la –supuesta– “estrategia”, en los primeros días de enero de 2019 el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación había logrado un desabasto de combustible en el país.

Con los meses, empezaron a surgir rumores de que la escasez de combustible no se había dado como resultado del combate al huachicol, sino por la falta de compra de gasolinas de importación, es decir, una consecuencia de los errores del gobierno entrante. El combate al robo de huachicol era un pretexto.

A partir de ese momento, en diversas ocasiones, el mandatario presumió que se redujo significativamente el robo de combustible, pero todo indica que existen otras cifras.

A principios de 2020, Octavio Romero Oropeza declaró en una mañanera que el robo de combustibles había disminuido a menos de 2 millones de barriles sustraídos durante 2019, pero algunos expertos aseguran que el combustible robado podría ascender a un aproximado de 60 millones de litros diarios.

De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), se calcula que 30 por ciento de los combustibles vendidos en México es huachicol y la tendencia, en vez de bajar, es a la alta.

Los especialistas en la materia sostienen que las cifras del gobierno muestran inconsistencias importantes. El informe, elaborado por Pemex para el Gabinete de Seguridad, indicó que el año pasado se registró la desviación de un promedio de 6 mil 100 barriles diarios de la red de ductos de la empresa. Pero, en realidad –según argumenta la Onexpo–, el desvío promedio fue de 24 mil 500 barriles diarios, según consta en las memorias de cálculo y en los reportes que genera el Sistema de Transferencia de Custodia (SITRAC), junto con Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial, sobre los productos enviados y recibidos y sobre el huachicol.

La realidad es que no existe ninguna intención de cerrar la llave. De acuerdo con una serie de documentos que se encuentran en los miles de correos electrónicos que extrajo el grupo de hackers Guacamaya de los servidores de la Sedena, se reveló que el Ejército tenía información de la colusión de marinos, militares e ingenieros de Pemex en el robo de combustible en Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz.

Dentro de la misma filtración se hicieron públicos los resultados de una investigación conocida por su nombre clave: Caso Olmeca, que involucra a quien fuera secretario de Gobernación y ahora una de las corcholatas, con líderes del huachicoleo en su estado natal, Tabasco. Claramente, la pesquisa está enterrada.

La terca realidad evidencia que el robo y la venta de huachicol, como todas las demás actividades delictivas del país, se sigue llevando a cabo a la vista de todos y con la venia de nuestras autoridades. Si algo demuestran los datos es que el combate al huachicol está nada más en los discursos y no se tiene la intención de combatir a las organizaciones criminales que están involucradas. ¿Por qué será?