El fiasco de la DEA

Por donde se vea, no hay duda de que el caso que se le siguió al general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, arrestado por las autoridades estadunidenses el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y liberado tres semanas después, es un fiasco de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Existen dos posibles escenarios. En ambos, las autoridades estadunidenses salen mal paradas.

En el primero, el gobierno de aquel país, a través de las agencias de seguridad —principalmente la DEA—, tenía elementos suficientes y pruebas contundentes para arrestar al general Cienfuegos cuando pisara el territorio de Estados Unidos. No había duda de que dicho funcionario había cooperado con una o más organizaciones criminales a través de su BlackBerry”. Incluso, como se difundió a nivel mundial después de su arresto, tenía como alias El Padrino.

El presidente López Obrador no tardó en usar ese hecho como bandera contra la “corrupción” que existía en sexenios anteriores y anunció una cacería de brujas en las filas de los —ahora muy poderosos— militares para separar de sus cargos —como lo hizo con Genaro García Luna— a cualquier excolaborador del presunto delincuente.

En este escenario, asumiendo presiones externas de algún tipo, que el Departamento de Justicia solicitara retirar los cargos que se le imputaban al general Cienfuegos, demuestra lo débil de su Estado de derecho. Que su sistema abiertamente prioriza la política y el poder por encima de la justicia, lo que conlleva a que un cómplice de organizaciones criminales pague por sus delitos.

Existe un segundo escenario. La DEA no tenía elementos reales para determinar que el secretario de la Defensa había colaborado con el crimen organizado. Su arresto era, tal vez, consecuencia de algún interés mezquino de manchar —aún más— al gobierno de Enrique Peña Nieto o de mandar un mensaje —mal planteado— al gobierno de México en cuanto a que no veía con buenos ojos el poder que se le está otorgando al Ejército Mexicano o, simplemente, de joderle la vida a un militar cuya reputación —hasta ahora— era impoluta. Cualquiera que fuera el caso, se evidenciaría la descomposición que existe en el sistema de justicia de Estados Unidos.

No es secreto que las agencias de aquel país operan abiertamente en México desde hace décadas. Lo que sí es sorpresivo es la manera en la que lo hacen ahora. En cualquiera de las dos hipótesis planteadas, las autoridades estadunidenses pierden credibilidad y la confianza de los aliados mexicanos que, igual que con el proceso de Genaro García Luna, van a pensar dos veces antes de cooperar con nuestros vecinos del norte. Y al Ejército difícilmente se le olvidan las ofensas.

En el fondo, la realidad demuestra que se debe replantear la relación bilateral con Estados Unidos, pues, claramente, se ha perdido el faro —y la dignidad—. La llegada del presidente Joe Biden significa un buen momento para hacerlo.

P.D. No hay sino coincidencias entre los procesos contra Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos. Vamos a ver si las autoridades de aquel país podrán probar la culpabilidad del exsúper policía.