El crimen organizado en la vida nacional

El gobierno del presidente López Obrador nos ha logrado vacunar contra la violencia imperante en el país. Nada nos impresiona ni nos sorprende ya. Incluso se nos olvida que el crimen organizado es la autoridad de facto en gran parte del territorio nacional.

Los asesinatos de candidatos a la elección de este año, como el ocurrido el viernes pasado en contra de Noé Ramos, que buscaba la reelección como alcalde de El Mante, Tamaulipas, cuando realizaba proselitismo por calles de dicho municipio, o el de Alberto Antonio García, tesorero del municipio de San José Independencia y candidato de Morena a la alcaldía en esa localidad de Oaxaca, nos muestran que en realidad estas organizaciones moldean la vida nacional conforme a sus intereses. Si alguien estorba, lo matan.

Basta con ver que los asesinatos de aspirantes a algún cargo de elección popular en el proceso electoral en curso suman 25. Por eso, estos grupos nos están determinando quién puede llegar a las alcaldías, a las gubernaturas y hasta a la Presidencia.

Lo cierto es que el presidente López Obrador ha logrado hacer —por incapacidad, apatía o complicidad— un caldo de cultivo perfecto de impunidad para que prospere y se desarrolle el crimen organizado, de la mano de actores como el ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien operó en la Suprema Corte su propia agenda, o el fiscal general de la República, que nada tiene de autónomo.

Si a eso se le suma una política de “abrazos y no balazos” de las Fuerzas Armadas y una visión de empatía con el crimen organizado, que también es “pueblo” —y el amor con amor se paga—, los mexicanos estamos a la suerte de los homicidas más grandes que ha dado el continente.

Según el Índice Global de Crimen Organizado 2023, México tiene el deshonroso 3er. lugar —entre 193 países—, después de Myanmar y Colombia, con la peor calificación a nivel mundial sobre actores y mercados de crimen organizado.

De acuerdo con el estudio, “las organizaciones narcotraficantes de México son algunos de los grupos de estilo mafioso más sofisticados del mundo. Tienen un control territorial sustancial en todo el país y cooptan a las instituciones estatales mediante sobornos e intimidación. Además del tráfico de drogas, estas organizaciones participan en otras actividades criminales como el robo de petróleo, la trata de personas, el secuestro y la extorsión, ganando miles de millones de dólares anualmente”.

“También —continúa la publicación—, las organizaciones narcotraficantes mexicanas alimentan la violencia en todo el país utilizando una variedad de armas de fuego, incluidas armas de grado militar, lo que resulta en brutales conflictos territoriales con organizaciones narcotraficantes competidoras y entidades de seguridad del Estado. La política estatal de no confrontación y la impunidad percibida exacerban los ataques de represalia contra las iniciativas de aplicación de la ley. A pesar de que la fragmentación interna reduce el número de organizaciones narcotraficantes que participan en formas transnacionales de crimen organizado, las organizaciones narcotraficantes restantes continúan ejerciendo una influencia significativa en todo el continente americano, colaborando con homólogos extranjeros en Asia, América del Sur, América del Norte y Europa”.

Y así nuestra realidad mexicana, en donde los ciudadanos nos tenemos que supeditar a los criminales que amenazan —con la venia de las autoridades— con quitarnos la vida o la libertad sin ningún empacho.

Lo peor de todo es que no se vislumbra que los culpables de tanta sangre y sufrimiento vayan a rendir cuentas ni en el corto, mediano o largo plazos, pues el sello de nuestra clase política sigue siendo la cínica impunidad.

*Maestro en Administración Pública

por la Universidad de Harvard

y profesor en la Universidad Panamericana

X: @ralexandermp