Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte

Tal vez no lo dimensionamos. Es probable que se nos olvide en poco tiempo. Incluso puede ocurrir que nos sea indiferente, pero la realidad es que pocas personas han tenido un papel tan indigno en la vida política nacional como Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es una verdadera vergüenza y motivo de preocupación el daño que ese personaje le ha propinado al Poder Judicial, sobre todo en un país donde el Estado de derecho brilla por su ausencia.

Dentro del mundo de los abogados el ministro gozaba de buena reputación cuando llegó a la Corte. Ya en este sexenio, algunas personas incluso opinaban que jugaba bien sus cartas para no pelear con el presidente López Obrador, pero que en los temas fundamentales asestaría golpes para limitar ese ánimo destructor del mandatario.

La realidad es que nos equivocamos. Se le dio el beneficio de la duda, pero con sus acciones de las últimas semanas nos probó que su criterio siempre estuvo comprometido y sus decisiones no atendían a criterios jurídicos, sino a lo que se le instruía.

Estamos hablando del ministro que fue propuesto por el presidente Felipe Calderón y que después de más de una década decidió que era buen momento para declarar que recibió presiones del exmandatario, lo que podía comprometer su independencia. Vaya ironía.

Se trata de un jurista que llegó a la presidencia de uno de los Poderes de la Unión, pero iba a Palacio Nacional a pedir línea —está documentado—. Que pretendió ampliar su mandato al frente de la Suprema Corte por dos años, pero reculó al verse rodeado de una enorme presión social.

Estamos hablando de un Arturo Zaldívar, que, incluso, antes de que fuera aceptada su renuncia —que se hizo en contravención al artículo 98 constitucional que establece que “solamente procederán por causas graves”— ya había manifestado su intención de allegarse al proyecto político de Claudia Sheinbaum, con lo que se evidencia que sus resoluciones en la Suprema Corte tienen un velo de ilegalidad al existir un claro conflicto de interés. Al diablo la justicia y la ley.

Ahí están sus resoluciones que atendían a lo que se dictaba desde el Ejecutivo, como en el tema de la reforma en materia eléctrica —que facultaba a la CFE para que tuviera preferencia en las contrataciones sobre sus competidores privados— donde contó mal los votos en su calidad de presidente de la Corte. O cuando eligió que permaneciera la prisión preventiva oficiosa en el sistema de justicia, no obstante las violaciones a derechos humanos.

Tampoco hay que dejar de mencionar sus burdas contradicciones producto de las instrucciones que se le hacían llegar desde Palacio Nacional, como aquella sobre la constitucionalidad del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en la cual este año votó a favor, pero en 2018 se pronunció en contra de la Ley de Seguridad Interior, en la cual se le pretendía dar a las Fuerzas Armadas facultades en materia de seguridad pública.

Pero eso sí, Zaldívar se va a retirar con una pensión vitalicia de más de 2 millones de pesos al año, aunque no esté alineada a los temas de austeridad que se pregonan desde la Cuarta Transformación. En eso se van nuestros impuestos.

Es un hecho que ese personaje que traicionó cualquier ideal de justicia e independencia del Poder Judicial pasará a los anales de la historia como uno de los ministros que perdieron —o nunca tuvieron— una pizca de integridad.

*Maestro en Administración Pública

por la Universidad de Harvard

y profesor en la Universidad

Panamericana

X: @ralexandermp