¿A qué precio?

Cualquier decisión que tomamos tiene un precio por pagar. En teoría, debería hacernos sentido dentro de un costo de oportunidad.

Los ciudadanos mexicanos tomaron una decisión al elegir a Claudia Sheinbaum como Presidenta frente a otras opciones. Ya sabíamos el precio que se tendría que pagar. No hay sorpresas en el proyecto que espera alcanzar Andrés Manuel López Obrador y ahora su sucesora, y la manera en que quieren hacerlo.

Aunque ellos lo disfracen y lo adornen, su idea es lograr una dictadura constitucional donde no existan contrapesos, se eliminen a los organismos constitucionales autónomos, el órgano electoral responda a los intereses del partido oficial y se pueda manipular la elección de jueces para que estén subordinados al poder.

En eso se basa el famoso plan C, que busca imponer el régimen a partir de septiembre a través de la encarnación del “pueblo”, pero que, en realidad, es una tiranía de las mayorías con una dudosa sobrerrepresentación.

Y, aunque nos dicen que se va a hacer una consulta por encuestadoras privadas contratadas por un partido político —pagadas quién sabe como— para legitimar las decisiones de política pública, en el fondo se trata de una burda faramalla.

La pregunta que nos tenemos que hacer es si los beneficios que pueden esperarse del régimen lopezobradorista y su “segundo piso” son mayores al precio que nos están haciendo pagar a los mexicanos.

Parece que ese beneficio que ha movido al voto de los ciudadanos son los programas sociales que dan apoyo a millones de familias mexicanas, aunque eso signifique que nos gobiernen políticos con una visión “social” y poco técnica.

Si la respuesta es positiva significa que preferimos pagar ese precio, aunque eso signifique sacrificar derechos propios de una democracia liberal. Que aceptamos que exista una grosera corrupción y que cerremos los ojos frente a los negocios de los amigos y familiares del régimen. Que haya completa opacidad y que lleguemos al final del sexenio de Claudia Sheinbaum con un sistema de gobierno que se parezca más a los gobiernos populistas de Latinoamérica y a las dictaduras de Cuba y Venezuela.

Por el momento, las aguas parecen tranquilas. Incluso existen voces que dicen que no le ha ido tan mal al gobierno durante el sexenio que termina y que las preocupaciones son meras exageraciones de “conservadores”. Tal vez sí, pero tal vez no.

Lo grave será cuando en seis años veamos para atrás y nos demos cuanta que vivimos en una dictadura constitucional sin contrapesos. En ese momento será muy tarde y difícilmente podremos cambiar de rumbo por la vía democrática. Pero eso sí, con unos programas sociales —garantizados constitucionalmente— que empapan a la mayoría de las familias mexicanas, aunque no haya recursos para cubrirlos.

Por eso, el precio será mirar hacia otro lado y dejar que se vuelvan los dueños del país. Y parece que los mexicanos estamos dispuestos a pagarlo o somos tan cínicos que preferimos cerrar los ojos antes que ver a los “tecnócratas” gobernarnos.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana

X: @ralexandermp