...Y, ¿el consentimiento informado?

Las últimas semanas se han caracterizado, en la Ciudad de México, por una polémica respecto del tratamiento empleado por la autoridad sanitaria como tratamiento de covid-19.

Hace un par de años, al inicio de la pandemia, aparecieron datos sugestivos de que un viejo fármaco antiparasitario llamado Ivermectina, tiene la capacidad de inhibir el crecimiento del virus en cultivo. Debido a que nos encontrábamos en una emergencia sanitaria provocada por un germen desconocido y sin herramientas preventivas o terapéuticas, es normal que los laboratorios científicos a lo largo y ancho del planeta se dieran a la tarea de probar muchos medicamentos para encontrar alguno con capacidad de controlar la infección, pero, por supuesto, antes de probar su actividad en seres humanos se requiere demostrar sus beneficios en un tubo de ensayo, y en animales experimentales.

En este caso no eran necesarios estudios de seguridad, dado que se trataba de un fármaco acerca del cual existía una vasta experiencia del uso humano, que permitía afirmar categóricamente que es un medicamento muy seguro. De hecho, se emplea a la fecha como tratamiento de ciertos parásitos intestinales y de forma interesante resulta también útil para erradicar algunos parásitos que suelen encontrarse en la piel, como los piojos.

Todo parecía una luna de miel francamente promisoria, entre otras cosas porque es un medicamento con la patente vencida hace mucho tiempo, lo que significa que cualquier fabricante lo puede elaborar a costos muy razonables, y si resultaba útil significaba una posible salida de la catástrofe que vivimos. En este punto la autoridad política y sanitaria de la CDMX, las doctoras Sheinbaum y López Arellano se dieron a la tarea de articular un tratamiento como medida de salud pública bajo la emergencia sanitaria, incluyendo el reparto de miles de dosis del citado medicamento con la esperanza de documentar el éxito de su uso.

• El balde de agua fría provino de las agencias internacionales, que advertían desde el inicio que no existían datos científicamente apoyados para validar esa nueva indicación. Posteriormente, se comunicó que, en términos prácticos, el medicamento no sirve para covid-19. Inclusive ya hubo quien solicitó desautorizar el estudio publicado por el gobierno capitalino.

La intención de ambas funcionarias fue excelente, la decisión de articular una política pública también la considero buena, pero la falla radicó en la articulación.

Para demostrar un nuevo uso de cualquier tratamiento es necesario escribir un protocolo de investigación, que debe ser sancionado por una comisión de ética y otra de investigación que, con certeza, exigirán un documento que deben firmar los participantes en el que se explique con lujo de detalle tanto la hipótesis científica como ventajas desventajas y riesgos de participar para que sea cada persona quien decida someterse o no al tratamiento.

Esto que parece de perogrullo no lo hicieron, lo que resulta criticable por la simple razón de que la CDMX es la sede de casi todos los Institutos Nacionales de Salud que cuentan con las comisiones ex profeso y hubiera sido en extremo fácil someter el protocolo al proceso necesario. Nunca se comunicaron, se fueron como decimos en México “por la libre” en materia de investigación clínica.

A nadie se le puede exigir que sea experto en todo, por eso están diseñadas las responsabilidades de dichos institutos que marcan brindar asesoría a gobiernos en materia de su especialidad y por supuesto en investigación. Ojalá la experiencia sirva para crear conciencia de que el progreso necesita de las capacidades de todos y todas, sin prejuicios, y mucha gente está dispuesta a brindar lo mejor en beneficio de la población. Personalmente, hace algunos años coordiné una de esas comisiones, por lo que tengo la seguridad de que cualquiera de ellas hubiera recibido el protocolo con gusto y con el ánimo de aportar.