Violencia obstétrica, nueva iniciativa

Recientemente se discutió, otra vez, ahora en la Cámara de Diputados, el delicado asunto de la violencia obstétrica. Por supuesto es un fenómeno que existe, aunque a los obstetras nos hace ruido reconocerlo.

Tendemos a pensar razonablemente que nosotros no ejercemos violencia contra las mujeres a nuestro cuidado, y probablemente si analizamos casos concretos la podríamos descartar en muchos, pero eso no significa que no exista.

Son hechos reconocidos que en ambientes de atención precarios, con materiales limitados, insumos incompletos, recursos terapéuticos carentes de lo más elemental, entrenamiento del personal sanitario defectuoso; muchas personas han atestiguado no sólo malos tratos, sino situaciones extremas como mujeres golpeadas en diversas partes del cuerpo porque “no estaba pujando para ayudar al nacimiento del feto”.

Ese tipo de conductas no sólo son inaceptables, sino francamente caen dentro de lo que se puede llamar formalmente un crimen, por supuesto merecedor de cárcel. Sin embargo, lo que se considera y puede definirse como violencia obstétrica son una serie de conductas mucho más amplias, no sólo las agresiones físicas caben en la definición, sino también no presentarle a una mujer con honestidad todas las opciones de tratamiento que existen para su padecimiento o condición.

Cito como ejemplo palpable y reciente la vivencia al inicio de la pandemia, cuando no existían opciones preventivas ni de tratamiento, bajo la cual algunas mujeres solicitaron el aborto frente a la incertidumbre.

Negarle ese derecho, negarle la información detallada de lo que implica subrayando, por supuesto, la posibilidad inmediata de interrumpir el embarazo, significa también ejercicio de violencia que debe ser prevenida, entre otros elementos con legislaciones que orienten el actuar médico y señalen obligaciones claras en el sentido del respeto irrestricto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres embarazadas.

La citada iniciativa contempla el panorama en su conjunto, sin embargo señalo algunas deficiencias a mi juicio muy importantes. En primer lugar, considero que, respecto del entrenamiento del personal médico y paramédico se deben señalar de forma más explícita los contenidos a cubrir para garantizar en la medida de lo posible la familiaridad del educando con los conceptos básicos de los derechos de las mujeres en el embarazo parto o puerperio.

Además, el texto señala la incorporación de las parteras tradicionales al sistema sanitario, y eso me parece por completo inadecuado.

Ningún sistema sanitario lo contempla de esa forma; si bien es cierto que existen parteras tradicionales con enormes capacidades y sabiduría, también las hay carentes de lo más básico de forma que podrían representar enorme riesgo.

Otro de los comentarios que puedo hacer desde una primera lectura es en relación a que la iniciativa no contempla la libertad de las mujeres respecto a la vía de nacimiento del feto, sólo señala “intervenciones no consentidas” como si la operación cesárea fuera siempre y únicamente opción del personal médico.

En fin, tanto la iniciativa como el tema nos darán para comentar otros aspectos trascendentes del asunto.