Esperamos que el Poder Judicial analice sus sentencias previas, poniendo el énfasis en el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Cuando parecía que un tema médico y moral ya habría desaparecido de los ámbitos de la administración de justicia, aparece de nuevo, porque hay grupos de personas que se niegan a acatar la ley. Hace ya muchos años que el aborto no es un delito en la Ciudad de México y paulatinamente le han seguido la mayoría de las entidades federativas. Hay incluso una vieja sentencia de la SCJN que establece el atropello a los derechos humanos de las legislaciones que lo penalizan. Bajo ese punto de vista los estados deben armonizar sus códigos locales para borrarlo como delito. Hace unos meses, en evidente contradicción, un estado lo establece otra vez como delito, y la Corte tendrá que resolver. La Iglesia católica, mediante un medio impreso, interviene otra vez proponiendo algo tan absurdo como conducir a la cárcel a las mujeres.
Pocas cosas parecen tan inadecuadas, muchos médicos y médicas no deseamos el aborto, pensamos que la solución para evitar embarazos no programados son los métodos anticonceptivos y la educación, pero nada tienen que hacer interviniendo en el asunto la Policía Judicial y el ministerio público. El tema es de salud y de moral personal; todas las mujeres deben tener garantizado su derecho a decidir lo que de acuerdo con su moral y conciencia sea lo mejor para ellas y su entorno social y familiar, sin absolutamente ninguna intervención del Estado o del gobierno. Ése es el mejor escenario, incluso si deseamos que no ocurran abortos; los países que lo han despenalizado y han articulado campañas de prevención y educación son los que mejores resultados presentan hoy día, es donde menos abortos ocurren y donde no hay muertes maternas por ese motivo, sorprende entonces la intención de regresar a escenarios que persiguen penalmente a las mujeres, propiciando la clandestinidad y dejando en manos de personajes como los integrantes de la Policía Judicial el cumplimiento de leyes inadecuadas.
Hace unos días escuchamos declaraciones de algún miembro del Poder Judicial estableciendo reglas morales con base en la edad de la gestación, y eso exactamente es lo que no deberían ponderar. Muchas y muchos esperamos que el Poder Judicial analice sus sentencias previas, poniendo el énfasis en el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres, y deben ser cada una de ellas quienes tengan la opción de decidir sobre su reproducción en cualquier ámbito. Nunca debe ser una perspectiva derivada de una religión la que determine las leyes que rigen a todas y a todos quienes conformamos un país. Las definiciones médicas son un ejemplo muy claro para entender las diferencias con el ámbito legal; el aborto, desde el punto de vista de la obstetricia, se define como la terminación de un embarazo hasta las 20 semanas, que es el límite de la viabilidad del feto fuera del vientre materno y, en cambio, los códigos penales lo definen hasta las 12 semanas. En fin, otra vez los órganos de justicia orillados a discutir este tema.