Suicidio de adolescente en Países Bajos

Defiendo la postura de garantizar el acceso a una muerte digna para todas las personas, pero sin duda existirán casos que nos confrontan con dilemas

Recientemente, los medios de comunicación dan cuenta de un caso que llama especialmente la atención en Holanda, dada su naturaleza y circunstancias. Una mujer menor de edad, con antecedente de haber sido víctima de abuso sexual y violación, solicitó la muerte asistida por el Estado en virtud del extremo sufrimiento ocasionado por haber sido víctima de tan terrible conducta. Los medios noticiosos dan cuenta, también, del fallecimiento de la niña, aparentemente con ayuda médica.

Las razones de la solicitud son difícilmente cuestionables en virtud de que es la persona sufriente la única que puede dar cuenta exacta de su magnitud, lo que se puso en evidencia desde el momento en el que los padres no se opusieron al extremo acto de buscar la muerte, sin embargo, en ambientes sociales carentes de elementos básicos de supervivencia, como nuestras sociedades latinoamericanas, nos cuesta más trabajo aceptar que dicha situación conforme o signifique una justificación suficiente para que una menor decida morir.

De ninguna manera quiero decir que aceptemos la violación como algo normal, pero basta recordar testimonios repetidos por mujeres jóvenes migrantes que cruzan nuestra frontera sur en la búsqueda del sueño americano, que solicitan la colocación de un dispositivo intrauterino previo al inicio del viaje porque todas tienen la certeza de que van a ser abusadas sexualmente en el camino. Propongo entonces que son condiciones de vida diametralmente diferentes las de una adolescente holandesa, respecto de las guatemaltecas, lo que las conduce a reaccionar de forma tan diversa frente a hechos que las victimizan casi de igual manera.

El sufrimiento sicológico, entonces, no parece ser algo tan universalmente aceptado para buscar una muerte piadosa, como enfrentar un padecimiento maligno en fase terminal. Hay algo sustancialmente diferente que el Estado tiene la obligación de cuidar al momento de redactar normas y leyes.

Yo defiendo la postura de garantizar el acceso a una muerte digna para todas las personas, pero sin duda existirán casos que nos confrontan con dilemas frente a los cuales son los profesionales dedicados a la salud mental quienes deberán aportar su experiencia y conocimiento para entender plenamente las circunstancias de casos como el descrito.

No encuentro otra respuesta razonable frente a la posibilidad de terminar con la vida de alguien tan prematuramente, y que en términos generales, podemos sospechar que tiene todavía muchas experiencias por vivir, a pesar del sufrimiento. Por supuesto, en un México que pretende acceder a la modernidad y el progreso, estos temas deben conformar una agenda legislativa a favor de la protección de los derechos de todos y todas.

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