Sistema de Salud fragmentado en México
Hace unos días desaparecieron al Insabi.
El régimen actual creó una nueva institución sanitaria para desaparecer al Seguro Popular, porque, según dijo el Ejecutivo federal, no era ni seguro ni popular. En esa frase quedó en evidencia que la decisión se tomó bajo criterios políticos y no técnicos, es decir, no hubo un diagnóstico detallado del funcionamiento del organismo. Se cambió por un capricho presidencial.
Si bien es cierto el esquema presentaba múltiples fallas y, por supuesto, facilitaba la corrupción en algunas fases de su funcionamiento, probablemente se hubiera podido mejorar y optimizar hasta el punto en el que hoy tendríamos una cobertura en términos de padecimientos mucho más amplia que al inicio del gobierno de Morena.
La institución que pretendió asumir las funciones de la eliminada se llamó Insabi que, a la postre, terminaron por liquidar, sin que podamos conocer tampoco los fundamentos de la decisión. Por supuesto, la impresión que deja en la sociedad es ineficacia y carencia de profesionalismo. Ahora pretende el gobierno brindar cobertura universal a través del IMSS-Bienestar que además, carece de medicina de alta especialidad.
No es el IMSS a pesar de que compartan el nombre; un derechohabiente del IMSS-Bienestar no puede ser atendido en el Centro Médico Nacional Siglo XXI bajo ninguna circunstancia. La ley lo impide, y quienes se atrevan a hacerlo podrían incurrir en conductas delictivas.
Adicionalmente, en México tenemos muchas otras instituciones que atienden a diversas poblaciones, básicamente en función de los empleadores. Por ejemplo, los empleados federales son atendidos por el ISSSTE y los del Estado de México por el ISSEMyN. Uno de los retos que han prevalecido a lo largo de muchos años entre los que hemos pensado en la unificación de los servicios de salud es la facturación cruzada.
La ley impide que cualquiera de las instituciones mencionadas atienda a personas afiliadas a otra, entonces debería existir un mecanismo que les permitiera pagar las atenciones, pero esto implica una cantidad de burocracia que, de sólo pensarlo, me da dolor de cabeza.
Desde los años en los que ocupé la Dirección de Salud Materna hubo quien propuso (por supuesto, un experto en economía de la salud) un esquema basado en descuentos fiscales para las compensaciones, de forma tal que sería a través de las declaraciones a las que todas las instituciones están obligadas frente al SAT como debería operar el esquema. Un mecanismo de ese tipo tendría un sinfín de ventajas, y permitiría enfocarnos en lo realmente importante: preservar la salud de las personas.
Aprovechar las ideas así como las experiencias de gobiernos previos es algo que parece causarle alergia con tremenda urticaria a la presente administración; es el gobierno del todo o nada, estás conmigo o en mi contra, y ese argumento, perdón, pero conduce a la ineficacia y, por supuesto, también facilita la corrupción, porque no les permite ver tampoco cómo les han robado a los gobiernos previos.
Parece que se acerca un colapso del sistema sanitario monumental, ojalá tengan capacidad para corregir y todavía estemos a tiempo.
