Relativizar las conductas antisociales graves

Las conductas sancionadas con penas privativas de la libertad en muchas sociedades occidentales se parecen. Los valores, como la defensa de la vida humana, la integridad de las personas y, por extensión, la defensa de sus bienes básicos, constituyen el eje que permite castigar severamente a quienes transgreden esos principios. Por supuesto, una de las obligaciones fundamentales del Estado es el ejercicio de la fuerza, cuando ésta es necesaria para preservar la vida y la integridad de las personas, y aquí no se puede, ni se debe, hacer diferencia, vale lo mismo la vida de una persona pobre que la de una

fifí; exactamente, ese papel igualador frente a la ciudadanía es el que no ha cumplido el gobierno actual.

Todas sus deficiencias parece justificarlas mediante un principio moral, que repite la hoy candidata oficialista, que reza algo así como “primero los pobres”.

Establecer una prioridad como ésa, por supuesto es razonable y, yo diría, urgente, para servir de guía al diseñar políticas públicas, dada la enorme generalización de la pobreza en el país, pero de ninguna manera justifica aplicarla frente al lacerante fenómeno del crimen y el baño de sangre en el que se encuentra nuestro querido México.

Tengo la terrible impresión de que el discurso presidencial pretende relativizar toda conducta antisocial mediante un razonamiento derivado del típico ejemplo de quien roba un mendrugo de pan para sobrevivir. El ejemplo es muy útil cuando se trata de explicar fenómenos sociales que pueden convertirse en delitos que no atentan contra las personas, sino contra la riqueza de unos cuantos.

Los llamados delitos patrimoniales, como el fraude, es decir, cuando el engaño es el medio para hacerse de algo de valor, no deben castigarse ni perseguirse con la misma fuerza, de hecho, a quien resulta afectado no le interesa tanto conducir a la cárcel al perpetrador como la recuperación de lo defraudado, pero de ahí a relativizar la actuación de grupos del crimen organizado que hoy cobran derecho de piso prácticamente en cada rincón del país, asesinando a quienes se niegan con la connivencia de una autoridad inútil, es un error garrafal que nos hace cuestionarnos, incluso, la intención de quienes ejercen el poder.

Ya podemos leer interpretaciones que establecen un posible pacto de beneficio mutuo entre Morena y el crimen organizado, que si bien me parecen exageradas, no tengo argumentos para refutarlas.