Norma Lucía Piña Hernández

Yo reconozco que voté por el Ejecutivo federal actual. Mi voto, por supuesto, lo reflexioné tomando en cuenta las propuestas de los tres candidatos posibles en ese momento, y no porque me pareciera un buen personaje Andrés Manuel López Obrador, sino porque en sus documentos me encontré argumentos como rescatar el derecho humano a la salud, que por mi profesión me parece fundamental.

El personaje nunca me gustó por su estilo de ejercer política; de hecho, recuerdo vagamente una vieja entrevista que le hicieron al terminar su mandato y el entrevistador lo cuestionó respecto a agresiones y faltas de respeto que había proferido ad hominem en alguno de sus cargos y él contestó en voz muy serena algo así como “no era nada personal, sino que así era la política”.

Hoy, a cargo del Ejecutivo federal ha llevado esa conducta al extremo, francamente insoportable para quienes entendemos las bases más elementales de la organización social y política. Uno de los principios fundamentales de nuestro sistema político es, exactamente, la división de Poderes que, históricamente en el México contemporáneo no se ha respetado básicamente por intromisiones sistemáticas del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial.

La tentación de los últimos presidentes para influir en los demás Poderes a fin de que sus propuestas se concreten en acciones de gobierno es la explicación más evidente, pero, invariablemente han aparecido voces potentes de la sociedad civil que han servido de muro de contención a las intenciones presidenciales o, por lo menos, las han acotado. Los presidentes previos han enfrentado, además, legislativos que no han sido de su bancada, lo que los ha obligado a una genuina negociación para poder sacar adelante algunas propuestas.

Hoy tenemos a un Ejecutivo federal prácticamente omnímodo, tiene al Congreso sometido a casi cualquier capricho y eso enferma al más íntegro. Por supuesto, debemos reflexionar respecto del sistema presidencial, quizá ya no nos conviene.

Bajo estas condiciones, el Presidente presentó hace poco un paquete legislativo que modifica las reglas electorales, hecho francamente indeseable cuando ocurre un año previo a la elección más grande que ocurrirá en México. Yo creo que cualquier institución es perfectible, pero es fundamental considerar el momento histórico para hacerlo y, en el caso que me ocupa, no podía haber peor.

Por supuesto, el Ejecutivo, abusando de su autoridad en el Congreso, a sabiendas de las quejas que se presentarán frente a la Corte, se ha dedicado a esa actividad tan detestable: los ataques personales a quien hoy preside la Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, abogada con una brillante carrera y que a todas luces ha demostrado enormes capacidades tanto técnicas como humanas, y a quien difícilmente podrá doblegar.

Es una mujer de su tiempo, entregada por completo a su profesión y con una currícula que demuestra méritos de sobra para presidir el máximo órgano judicial. El ejecutivo federal sabe la repulsión que nos provoca al enorme segmento social que hemos estudiado, pero no le importa porque se fortalece frente a sus bases. El error que no está ponderando es que él no va a aparecer en la próxima boleta electoral, y sus corcholatas (detestable término que acuñó para sus posibles sucesores) no se han deslindado de su lamentable conducta.

La política, como la entiende hoy el Presidente, está convertida en una actitud porril que se fundamenta en la provocación, obteniendo la ventaja de distraer la atención de temas tan fundamentales como la violencia sin control que ha caracterizado a su administración. Ha llevado la estrategia hasta un límite tan absurdo que nadie habla de logros incuestionables de su gobierno, como la vacunación, el etiquetado de los alimentos o la reciente aprobación de normatividad que podrá prevenir alimentos malsanos en las escuelas. Lamentable gobierno de cuarta, que ya nos urge que termine.