Exceso de mortalidad materna por covid-19

Todas las estadísticas sanitarias resultan complicadas porque, frecuentemente, la primera impresión es incorrecta debido al retraso de muchos reportes individuales. Esto es relevante en el caso de las muertes maternas, porque, además las unidades de atención médica tienden a ocultar los fallecimientos de mujeres embarazadas o las clasifican con errores, de tal forma que es necesario hacer una búsqueda intencionada en el grupo de mujeres que fallecen en edad reproductiva.

Las estadísticas con las que contamos hoy, respecto de covid-19, son confiables porque ya pasaron todos esos procesos y se confrontaron con los datos poblacionales con los que cuenta el Inegi, institución, por cierto, con las cifras más confiables en México.

Durante el primer año de la pandemia, es decir, 2019, se presentó una ligera elevación de muertes maternas, pero no fue sino hasta 2020 cuando se apreció un incremento muy importante, pero de forma heterogénea a lo largo del año, con dos picos muy importantes. El primero es en mayo, con un exceso de 75% respecto a los años previos y otro en julio que alcanza 125%, con un descenso posterior. Esos picos tan dramáticos coinciden con las oleadas en la dispersión del virus, pero lo que quiero poner de relieve son las causas.

Como ya lo he señalado en este espacio, en otros lugares del orbe, en sociedades menos desiguales, no se apreció este efecto, acá, sin embargo, cobró importancia dramática, y parece estar asociada en primer lugar al fenómeno de la transformación del sistema hospitalario para convertir a muchos nosocomios en unidades covid-19; es decir, muchas de estas mujeres fueron víctimas de esa decisión. Bajo la presión, en términos de demanda por la cantidad de enfermos, la autoridad sanitaria no tenía prácticamente ninguna otra posibilidad, a pesar de que muchas personas murieron fuera del sistema sanitario, en casa.

La otra explicación se deba a la “derechohabiencia”. El sistema de seguridad social en México sigue padeciendo del asunto de la fragmentación, una proporción de habitantes tienen derecho a ser atendidos en un sistema como el IMSS, otro segmento por el ISSSTE, pero ahora la mayoría carece de algún sistema que tenga la obligación contractual de atenderlos, problema que se agudizó frente a la desaparición del llamado Seguro Popular que se inventó en administraciones previas con la finalidad de saldar parte de ese déficit.

La mayoría de las muertes maternas en 2020 ocurrieron justamente en esa población, es decir, la de mujeres que carecen de algún sistema sanitario. Ese grupo que, además, es el de menores ingresos, simplemente no pudo atenderse en ningún lado y terminaron muriendo en su casa o en la vía pública. Un drama mutidimensional del cual, por supuesto, es responsable el gobierno actual.

Es cierto que recibieron un sistema sanitario muy deficiente, pero se encargaron de empeorar todo el panorama. Al inicio sustituyeron el seguro popular por otra institución llamada Insabi, que desaparecieron cinco años después para proponer que el IMSS-Bienestar se haga cargo del problema. Esta institución a todas luces carece de la capacidad para afrontar el compromiso. La actual administración deja un saldo terrible en este punto.