El derecho humano a la salud

Al inicio de la actual administración federal, muchos celebramos que se colocara en el centro de la discusión a la salud, vista como un derecho de las personas y no como mercancía.

Por supuesto, la salud de un país debe ser responsabilidad primaria del Estado, cuyos funcionarios tienen el deber legal moral y ético de preservarla al margen de los costos, que, debo decir, hoy son muy elevados.

Para el presupuesto del presente año, en la Cámara de Diputados se aprobó un incremento que parece sustantivo respecto del previo, pero al hacer el análisis se aprecia una carga importante (en términos de cantidad de dinero) para que la Secretaría de Salud salde adeudos con el IMSS y el ISSSTE, además de que no se transparenta algún mecanismo para evitar subejercicios, como ocurrió en los años previos.

• Los fenómenos descritos responden a incapacidad técnica de los equipos a cargo, tanto del diseño de los presupuestos como al ejercicio de los mismos. Los adeudos entre instituciones se deben liquidar porque nuestra legislación impide, por ejemplo, que el IMSS atienda a pacientes no derechohabientes sin recibir una contraprestación; que, si se hubieran efectuado las modificaciones legales pertinentes, no estaríamos con ese tipo de problemas.

Por supuesto, esto necesita de un gobierno federal conformado por equipos amplios de personas altamente calificadas, con libertad para proponer mecanismos y modificaciones legales, además de libertad de acción, pero cuando el poder se concentra en una sola persona, todo se hace lento, ineficiente y, finalmente, sin capacidad para responder rápidamente como lo requiere un sistema sanitario que, además, ha estado sometido a una presión extraordinaria por la pandemia.

Resulta muy difícil demostrar el saldo de la ineficiencia en número de muertes, pero estoy seguro que ha costado muchas vidas, y mientras se sostengan estas condiciones, se incrementará.

Subyace una contradicción no exclusiva de México; me refiero a que los sistemas privados de salud, si bien tienen como vocación legítima la generación de utilidades, han demostrado ser en extremo eficientes en cuanto a gasto en salud por individuo, hecho que contrasta con un estado burocratizado tan ineficiente que gasta muchas veces más comparativamente.

Frente a este dilema existen diversas respuestas que se han intentado, incluso en nuestro país, como las sociedades público-privadas que administran nosocomios o diversos servicios de salud.

Desde la idea fundacional resultan interesantes, pero el descuido y la falta de voluntad las ha conducido a un relativo fracaso en términos de que no se han generalizado como esquema de atención fundamental.

Ahora el Ejecutivo federal propone fortalecer al IMSS Bienestar para que pueda ofrecer lo que no ha podido el Insabi.

Me pregunto si eso no debería haberse pensado desde antes de asumir el gobierno.

Los prejuicios de la actual administración federal en contra de la inversión privada no han permitido dicho progreso. No se debe gobernar con prejuicios y con ánimos de confrontación.