El derecho a la identidad

Por supuesto, tiene razón la exministra Olga Sánchez Cordero al afirmar que todos y todas tenemos derecho a la identidad y la necesidad imperiosa en la concreción de ese derecho lo ha otorgado parcialmente un órgano autónomo del gobierno de la República; me refiero al INE, que a lo largo de muchos años ha trabajado incansablemente para contar con un padrón francamente confiable. Esa ardua labor ha requerido de una inversión muy cuantiosa y del esfuerzo de muchas personas que han trabajado y siguen laborando ahí.

El problema no es menor en virtud de que se necesita garantizar, mediante la articulación de mecanismos de seguridad muy sofisticados, la certeza en cuanto a la existencia de cada persona registrada, como la autenticación y hacer casi imposible la alteración de la base de datos. Hacerlo resulta muy caro y requiere de la concurrencia de muchos esfuerzos; que en ese caso deriva de la necesidad de brindar seguridad a los procesos electorales. Es parte sustantiva de nuestra democracia.

Por supuesto, eso no significa que el gobierno en su conjunto, mediante, por ejemplo la Secretaría de Gobernación que tiene a su cargo los temas demográficos, no pueda articular un mecanismo para expedir una cédula para todos y todas quienes hemos nacido en territorio nacional y nos identifique de forma indubitable. Por supuesto, ese mecanismo con seguridad resultará más complicado y probablemente más caro, por la simple razón de que debería otorgarse al nacimiento y no hasta los 18 años como es la del INE; y necesariamente debe estar blindada con herramientas de seguridad iguales o incluso más eficaces que garanticen su inviolabilidad, incluso protegiendo la información de los propios servidores públicos que podrían ser presa de deseos malsanos.

En la semana que termina, se presentó una iniciativa en el Congreso que pretende que la llamada CURP se convierta en esa cédula identitaria que se propone contenga los datos biométricos de cada persona, pero en la iniciativa no se aclara quién o quiénes serán responsables del resguardo de la información personal de cada mexicana o mexicano, tampoco se le asigna presupuesto específico a un programa de esa magnitud ni se mencionan los mecanismos que se articularán tanto para la recolección de la información como para su resguardo. Frente a ese escenario, parece un asunto francamente demagógico, quieren anunciar una cédula nueva sin asignarle un peso.

Frente a los hechos narrados, hay dos posibles explicaciones, la primera gira en torno que se trata del “petate del muerto” es decir que de antemano saben que no será posible y simplemente están usando un nuevo mecanismo para distraer la atención del baño de sangre en el que se encuentra México, o la segunda, que es mucho más grave, quizá pretende el gobierno arrancar de las manos del INE la base de datos sin aclarar las responsabilidades y propiciando el uso electoral de dicha información. Ambas explicaciones resultan deleznables y debemos exigir como ciudadanos que se nos aclare puntualmente antes de que empiecen a mayoritear el nuevo ridículo legislativo.

No me quiero imaginar que el Ejecutivo federal, con su elemental estilo, les esté proponiendo a sus subalternos que se “apunte la información en papelitos”, como acostumbra hacer sus propuestas.