Crisis del sistema sanitario
El último informe del Inegi permite apreciar un incremento de 30% de mexicanas y mexicanos carentes de servicios médicos estatales
Al inicio de la actual administración, muchas personas albergábamos la esperanza de la posibilidad de alguna mejoría en los sistemas de salud porque el candidato, y presidente entrante, puso énfasis en la idea de recuperar el derecho humano a la salud.
La idea en ese momento era sensata, porque la tendencia en el mundo occidental ha sido, desde hace algunas décadas, ver a los servicios de salud como un gasto para el gobierno y que deberían quedar en manos de las empresas privadas. Sin duda, la iniciativa privada debe seguir participando en el otorgamiento de salud, es correcto que existan opciones de paga para quienes desean ser atendidos en ese ámbito, pero eso no debe significar el abandono del Estado, porque se trata de una necesidad imperiosa e indispensable; además de un derecho humano fundamental.
En un primer momento se articuló una estrategia para cambiar al llamado seguro popular por una nueva institución, el Insabi, el cual asumiría las responsabilidades de la previa; todos los que hemos participado en alguna medida en la administración de los recursos sanitarios, pensamos que era un cambio casi cosmético, porque el sistema de aseguramiento del seguro popular se basaba en cuotas pagadas por los ciudadanos obligando al gobierno a responder por ese dinero. La sorpresa fue mayúscula al enterarnos que no sería así; la nueva institución tendría un financiamiento exclusivamente gubernamental, sin que, hasta la fecha, nos hayan aclarado el destino específico del dinero acumulado.
Con el devenir del gobierno, a un año de su conclusión se propone otro cambio; ahora la responsabilidad se le traslada a una institución muy pequeña llamada IMSS-Bienestar, que, por cierto, no forma parte del IMSS, desaparecieron el famoso Insabi, y seguimos sin saber el destino de los recursos, tanto del Seguro Popular como de la recién desaparecida.
Para mala suerte del gobierno actual, el último informe del Inegi permite apreciar un incremento de 30% de mexicanas y mexicanos carentes de servicios médicos estatales; lo que se traduce, en palabras simples, los cambios efectuados han afectado a miles de personas que se quedaron prácticamente sin posibilidad de ser atendidos, sin importar la gravedad de las enfermedades que les aquejan.
Al final del día, lo que parecían buenas intenciones se convirtió en una catástrofe de dimensiones incalculables. México, por primera vez en un siglo, está disminuyendo su esperanza de vida; por supuesto la pandemia es responsable en buena medida, pero viendo el panorama general, no parece ni cercana alguna esperanza de recuperar lo perdido.
El IMSS-Bienestar carece de medios para otorgar atención de segundo y tercer nivel. Estaba conformada hasta hace poco tiempo, por centros de salud, de atención primaria, en zonas de alto nivel de marginación en los que se otorgaban vacunas, consulta de medicina general y apoyos en orientación nutricional.
Transformar esa institución para otorgar servicios de salud a esa enorme masa poblacional de quizá unos 50 millones de personas y brindar atención de especialidad y subespecialidad es una labor que, por lo menos, llevará una década. Hoy estamos cada día más lejos del modelo danés que se nos prometió y no se aprecia ninguna propuesta razonable para alcanzarlo.