Criminalizar el ejercicio médico

Desde el momento en el que se empezó a hablar en México de la crisis del fentanilo, fundamentalmente por las secuelas en Estados Unidos, arrancó una estrategia desde el gobierno federal dirigida a deshacerse de la responsabilidad respecto del tema. Desde la conferencia presidencial fuimos testigos, primero, de la negación del gobierno, asegurando que en México no se produce ilegalmente el fármaco, también se negó el trasiego y, finalmente, se estigmatizó al sistema sanitario y a nosotros, los médicos, como los responsables del tráfico ilegal, dado que el fármaco existe para uso médico.

Las evidencias han demostrado que todas las afirmaciones del Presidente son falsas. En el país, por desgracia, los grupos criminales sí producen fentanilo; la policía ahora ha incautado cantidades importantes de los precursores (que, por cierto, algunos sí provienen de China), y ha localizado laboratorios clandestinos que fabrican la sustancia en condiciones muy precarias. Con esos hallazgos resulta evidente que también ocurre el transporte, incluyendo desde luego el paso transfronterizo hacia el vecino del norte en coordinación, seguramente, con mafias en ambos lados de la frontera.

La irresponsabilidad del Ejecutivo federal respecto de las afirmaciones sin fundamento relativas a que los médicos traficamos ilegalmente con la sustancia ya tiene consecuencias; desde ayer, varios diarios de circulación nacional dan cuenta del caso de un anestesiólogo en Baja California Sur al que la PGR está tratando como si fuera El Chapo Guzmán, sometiéndolo a toda clase de abusos y vejaciones, porque, la brillante “inteligencia” policiaca se percató de que había recibido en su casa algunas dosis del fármaco. Sin embargo, haber comprado y recibido ese medicamento es normal para alguien con esa profesión; como lo he dicho en múltiples ocasiones, se trata de un fármaco muy valioso en la anestesia, tanto que hace poco tiempo un especialista en esta área me dijo claramente que hoy no es posible entender el trabajo cotidiano de su especialidad sin fentanilo. Así de simple. La policía, en este caso, no persigue al servicio de mensajería que se encargó del transporte de las ampolletas (que, si se trata de un delito, se debería catalogar como trasiego) y solamente se dirigieron a la persecución del médico.

Por supuesto, yo no tengo los detalles de la investigación y, efectivamente, podría tratarse de alguna actividad ilegal, pero, en principio, el trabajo de la policía en un panorama como el descrito, debería ser hablar con todos los involucrados, y en caso de tener alguna sospecha hacerse de pruebas periciales irrefutables antes de proceder contra cualquier persona, pero acá en México eso parece imposible. El jefe del Estado mexicano “ya dijo” que los médicos son criminales, así que debe ser cierto y bajo esa base metamos preso al médico y después averiguamos.

Son exactamente esas actitudes contra sectores muy amplios de la población nacional, las que son parte de la explicación del hartazgo que millones de personas sienten respecto del gobierno actual y, por lo tanto, del crecimiento de alguien como Xóchitl Gálvez, que ha demostrado una inteligencia preclara y capacidad de sobra para responder a las agresiones sin fundamento del hombre más poderoso del país.