Consultorios adyacentes a farmacias

Con motivo de una reciente entrevista al doctor Hugo López-Gatell, se abordó en la prensa el asunto de los consultorios que son propiedad de las cadenas de farmacias en nuestro país. Tenemos muy corta memoria como sociedad y ya no se menciona el origen de dichas instalaciones.

Hace algunos años se publicó una reglamentación que obliga a las farmacias a exigir una receta para vender antimi­crobianos, porque el uso indiscriminado de los mismos contiene riesgos individuales y sociales. Hasta aquel momento se podían comprar antibió­ticos de forma libre, hecho, por supuesto, franca­mente indeseable y que no ocurre en ningún país avanzado.

A partir de aquel momento, las cadenas de far­macias inventaron como estrategia para recupe­rar sus ventas la colocación de “consultorios” con un médico empleado de la empresa, en condicio­nes laborales lamentables y que, a la fecha, reci­be un estipendio de algunas decenas de pesos (y, seguramente alguna “comisión” por ventas) para extenderle al público la ansiada “receta” de anti­bióticos. El esquema completo no sólo representa un abierto y evidente conflicto de intereses, sino que raya en la corrupción.

Hoy, si una persona quiere tomar antibióticos por su deci­sión, sólo necesita acudir a la farmacia, el médico empleado le extenderá una receta por la que cobrará quizá 30 pesos, y se dirigirá entonces al mostrador. Esos consultorios representan una manera de saltarse la normatividad, la medicina que se ejerce dentro de los mismos no está sujeta a ningún tipo de supervisión, personalmente me ha tocado atender personas intoxicadas por una cantidad enorme de fármacos que ahí les han prescrito, por supuesto, sin ninguna justificación o indi­cación médica.

Soy testigo de recetas con más de cinco medicamentos re­cetados a personas con un cuadro gripal simple; regresamos al inicio, la relación médico-paciente que ahí existe está, de entrada, viciada, porque la única intención de la empresa es vender medicamentos, no tienen absolutamente ninguna vocación por recuperar la salud de las personas.

Carecen del más elemental sistema estadístico que podría hablarnos del aporte de ese “sistema de salud” a la población mexicana. Desde aquel entonces he mencionado en múltiples ocasiones lo indeseable del asunto.

Por supuesto, la autoridad política y sanitaria del país debe responder en varios campos: el pri­mero, por supuesto, gira en torno a la absoluta insuficiencia del sistema público de salud de for­ma tal que la inmensa mayoría de la población no tiene un lugar al que pueda acudir a consulta regular, donde sea atendido con eficacia, rapidez y respeto.

En segundo término, no puedo explicarme las razones que han conducido a las autoridades para no prohibir que los dueños de farmacias otorguen atención médica con base en el evidente conflicto de interés.

Simplemente debería estar prohibido y ése es exactamente el papel del Estado: reglar las relaciones entre las personas para brindarnos seguridad. Insoslayable responsabilidad del actual gobierno.