Hace pocos días se pudo apreciar una escena protagonizada por la presidenta Sheinbaum y las autoridades federales de las áreas nacionales protegidas. El evento tuvo lugar en el Parque Nacional del Jaguar, en Quintana Roo, que, desde luego, forma parte de las áreas naturales protegidas con toda razón por el enorme valor ecológico de la zona y debemos preservarla con todos los esfuerzos posibles. Cuando la Presidenta hizo un recorrido por la zona los habitantes le expresaron de diversas formas su desacuerdo con las maneras en las que han sido tratados por las autoridades federales que preservan la zona, se quejaron de desalojos violentos, quiebras de pequeños negocios turísticos y el impedimento sistemático del acceso a la playa. No se trata de proyectos de destrucción masiva del manglar o del arrecife, el problema estaba centrado en pequeños comerciantes y algunos accesos a la playa, los que, desde luego, existen formas de gestionar sin causar destrucción al medio ambiente. Bajo estas circunstancias alguien escuchó (no sé si sea cierto) una llamada de atención de la Presidenta al titular del área, Pedro Álvarez Icaza Longoria –a quien conozco muy bien desde hace mucho tiempo y me consta que siempre se ha desempeñado con rectitud y eficiencia en todos los cargos que ha ocupado–, quien recibió la instrucción presidencial sin mayor problema. Quienes comentan el hecho afirman que en el fondo está un tema de no cumplir una norma que impide la circulación en el área, por lo menos no a rajatabla, para no afectar la economía y la subsistencia de las familias circundantes.
Por supuesto, la instrucción es más que razonable, está bien, además, que sea ella misma quien tome la decisión, ponderando en primer lugar el bienestar de las y los habitantes, quienes tienen ya mucha conciencia de que es imperativo cuidar el medio ambiente y evitar su destrucción.
Frente al hecho se han levantado muchas voces, especialmente de abogados, reclamando que no se puede pisotear la ley al antojo de los funcionarios. Eso es cierto, aunque aquí no estamos hablando de una ley federal, sino de una norma oficial, y también es cierto que la violación de cualquier norma puede predisponer al resquebrajamiento del Estado de derecho, pero yo subrayo que hay que entender las circunstancias. Cuando conduces tu automóvil y, frente a una infracción, corrompes al oficial de tránsito sí contribuyes a ese debilitamiento, por una razón muy simple: el acto de corrupción se va a convertir en el funcionamiento normal de la corporación policiaca, pero en el caso citado ocurre exactamente lo contrario. El no cumplimiento de esa norma, en esas circunstancias no va a provocar ningún efecto dañino a la sociedad, más bien resolverá un problema local y obligará a la autoridad responsable a generar las condiciones bajo las cuales se debe aplicar la norma para proteger efectivamente el medio ambiente, pero sin afectar a los locales. Quizá se deben diseñar mecanismos de diálogo previo.