Transparencia, antídoto contra la corrupción

La corrupción —entendida como la apropiación de los bienes públicos en beneficio privado— es uno de los principales males que aquejan a las democracias modernas. Sus efectos impactan de manera importante al adecuado ejercicio de los derechos de todas las personas.

La molestia ciudadana por la descomposición sistémica que padecemos, se convirtió en la principal bandera del actual gobierno y, en respuesta, el ofrecimiento de llevar a cabo un combate sin precedentes fue pieza clave para obtener el triunfo en la elección presidencial pasada.

Según la Real Academia Española, la transparencia es la cualidad de transparente. Así, un cuerpo es transparente cuando “permite ver los objetos con nitidez a través de él”.

Para poder explicar por qué la transparencia es un antídoto eficaz contra la corrupción y, por ende, la importancia que tiene que el Estado obligue a sus instituciones a regirse mediante este principio, lo intentaré a través de una experiencia.

Hace unos años, al recibir la visita de un grupo de parlamentarios de Finlandia en la Facultad de Derecho de la UNAM, les preguntamos: ¿Cuál era la clave para llegar a ser considerados como uno de los países con los índices más bajos en corrupción y más altos en educación? Su respuesta fue breve, pero contundente: “Transparencia, transparencia y más transparencia.”

Después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia poseía el delicado problema de tener la frontera más larga que cualquier otro país europeo con la entonces Unión Soviética, con quien habían tenido dos guerras en los años de 1933 y 1941. Los rusos desconfiaban que fueran a ser un enclave estratégico del capitalismo en su contra y por otro lado, los países aliados de occidente los veían como posibles candidatos a unirse al bloque comunista soviético.

La solución institucional para dejar claro su papel neutral y evitar ser devorados por el vecino fue transparentar todas sus políticas públicas, el ejercicio de su presupuesto, sus procesos de industrialización y todas las cosas inherentes al gobierno.

El resultado fue sorprendente. Por un lado se convirtieron en socios comerciales de los rusos y por otro, ingresaron a la Unión Europea. El método institucional de la transparencia hizo que ganaran confianza y con ello lograron una evolución social envidiable.

Hoy, según la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en materia educativa, Finlandia e Irlanda poseen los indicadores de rendimiento más alto de sus estudiantes —de entre todos los miembros— en la prueba PISA 2018; y de acuerdo con datos de la organización Transparencia Internacional, entre 180 países evaluados, ocupa el 2º puesto de los países menos corruptos en todo el mundo. En contraste, México ocupa el lugar 130.

Este ejemplo debe servir para orientar el debate acerca de la posibilidad o no de desaparecer al Inai —principal instrumento constitucional de acceso a la información y de transparencia— porque ello constituiría un importante retroceso institucional.

En materia de la convencionalidad, el acceso a la información y la trasparencia se consideran derechos humanos y están consagrados en instrumentos internacionales —como el Pacto de San José de Costa Rica o la Carta Democrática Interamericana— que han sido ratificados por nuestro país y, por ende, forman parte del orden jurídico mexicano.

Así que si el objetivo es combatir a la corrupción de modo frontal, el Estado deberá de manera indefectible fortalecer el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

Como Corolario, las palabras del exsecretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan: “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”.