Hace unas semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la detención provisional con fines de extradición —entre otros servidores públicos— del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se encuentra detenido en Nueva York después de haberse entregado de manera voluntaria.
Se trata de un general de División en retiro, con una sólida trayectoria militar, lo cual representa otra seria llamada de atención a los riesgos que implica utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas para las cuales no están creadas.
El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México tiene antiguas raíces históricas, desde que el Ejercito fue utilizado para la destrucción de plantíos de amapola y marihuana —en la década de los 70— en la llamada Operación Cóndor.
En 2019, se estableció la creación de la Guardia Nacional —que en sus orígenes era una institución policial de carácter civil—, pero después se transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional y se dispuso que dicha fuerza se ocupara en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Además, en la pasada administración les fueron encomendadas a las Fuerzas Armadas tareas ajenas a la naturaleza militar alejadas de su función constitucional, que es la defensa de la soberanía nacional y la seguridad interior.
Las tareas civiles asignadas incluyen la construcción de infraestructura de megaproyectos como aeropuertos, así como su posterior administración comercial, la vigilancia y administración total de las aduanas, la distribución de medicamentos y vacunas durante la pandemia, de libros de texto gratuitos y fertilizantes para el campo, la administración de empresas estatales, por citar algunas.
Bajo el argumento de garantizar la seguridad nacional se les ha permitido asignar obras y hacer adquisiciones sin tener que observar la normatividad aplicable, lo que ha generado muchas tentaciones y propiciado corrupción.
Las Fuerzas Armadas gozan de una amplia aceptación ciudadana. El Nivel de Confianza Ciudadana —en promedio— señala opiniones favorables a la Marina cercanas a 88%; del Ejército, 85%; y de la Guardia Nacional, entre 73 a 76 por ciento.
Sin embargo, tantas tareas ajenas a la naturaleza militar han generado dispersión de recursos y fuerza. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan límites importantes en su efectividad para contener el crimen.
El despliegue militar no se ha traducido de manera sostenida en una reducción drástica de los homicidios dolosos a nivel nacional. En los últimos tres últimos sexenios se han roto de manera sucesiva los récords de asesinatos en el país, superando los 150 mil por periodo presidencial.
La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y administración civil han expuesto a sus mandos a un enorme poder económico y operativo. Esto ha derivado en escándalos de corrupción estructural, que ahora van desde tener nexos con el crimen organizado, así como la malversación y desvío de recursos públicos.
Nuestras Fuerzas Armadas son instituciones indispensables para el funcionamiento del Estado y han sido garantes de la estabilidad política del país.
Es momento de retirarlas de las actividades para las cuales no están diseñadas y concentrarlas en sus tareas esenciales, porque no deben seguir teniendo el desgaste político a las que están siendo sometidas.
Como Corolario, la frase de Alexis de Tocqueville: “El gran peligro de la militarización no es que falle, sino que tenga éxito; porque entonces el pueblo olvida cómo gobernarse a sí mismo”.